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Análisis profundo del Dictamen de mayoría (O.D. 209/26) — Proyecto "Inocencia Fiscal II" (Expte. 0006-PE-2026) Qué es este dictamen y qué posición toma Este es el dictamen de mayoría firmado el 27 de agosto de 2026 por las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal de la Cámara de Diputados. Reúne cuarenta firmas —la mayoría de La Libertad Avanza, con acompañamiento de PRO, UCR, MID, Independencia, Argentina Federal, Producción y Trabajo— y aconseja aprobar el proyecto del Poder Ejecutivo con modificaciones. La única firma en disidencia total dentro de este dictamen es la de Gisela Scaglia (Provincias unidas), que aclara: «Firma en disidencia.» Frente a este dictamen se alzan tres de rechazo: el de Mariela Coletta (Provincias unidas), el de Carlos Castagneto junto a 27 diputados de Unión por la Patria, y el de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda). Ninguno de los tres propone articulado alternativo: todos rechazan el proyecto en bloque. Por eso, la comparación de contenido (texto contra texto) solo puede hacerse entre el texto base del Ejecutivo y este dictamen de mayoría (y, más adelante, con el dictamen de mayoría del Senado, O.D. 372/26, que reproduce casi idénticamente a este). La diferencia con los tres dictámenes de rechazo es una diferencia de posición (veredicto), no de contenido articulado. Conviene aclarar de entrada que lo que fue este proyecto terminó sancionándose: la base normativa registra que la Ley 27826/2026, del Honorable Congreso de la Nación Argentina, publicada en el Boletín del 09-10-2026, introdujo modificaciones a las leyes 27.799 y 11.683 (texto ordenado en 1998 y sus modificaciones) y a la ley de trabajadores rurales. Es decir, el camino que abre este dictamen de mayoría es el que efectivamente prosperó. Las normas en juego, en criollo Antes de recorrer los cambios conviene resolver qué son las leyes que el proyecto toca, porque sin eso los movimientos no se entienden. La Ley 27.799 es el "Régimen de Inocencia Fiscal". Según la propia reglamentación oficial, en el Capítulo III del Título II de la Ley 27.799 se establece un Régimen de Declaración Jurada Simplificada para el Impuesto a las Ganancias aplicable a personas humanas y sucesiones indivisas, residentes en el país. El mecanismo funciona así: ARCA pone a disposición una Declaración Jurada Simplificada precargada, que el contribuyente puede revisar, modificar y presentar; la presentación y el pago en término otorgan efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base. El beneficio central es una presunción: el régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada, de modo que la información declarada se presume correcta, y ARCA solo puede impugnar la declaración en supuestos excepcionales como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas. En la versión original, para entrar al régimen había que cumplir topes: ingresos totales de hasta mil millones de pesos anuales, patrimonio total de hasta diez mil millones, y no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional. La Ley 11.683 es la Ley de Procedimiento Fiscal, el "código de reglas" con el que ARCA fiscaliza, determina impuestos y aplica sanciones. Su artículo 18 regula la determinación de oficio sobre base presunta: la estimación de oficio se funda en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. Dentro de ese artículo, el inciso f) trata los incrementos patrimoniales no justificados: representan, en el impuesto a las ganancias, ganancias netas determinadas por un monto equivalente a los incrementos patrimoniales no justificados, más un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. El inciso g) se refiere a fondos provenientes de países de baja o nula tributación, que se considerará que constituyen incrementos patrimoniales no justificados para el tomador o receptor local. Son, en resumen, dos presunciones fuertes a favor del fisco que el proyecto desactiva para quienes estén en el régimen simplificado. La Ley 25.191 es la ley de trabajadores rurales. Declara obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Su artículo 15 es el régimen sancionatorio por incumplimientos de registración. En su versión original de 1999 las multas eran mínimas: por ejemplo, las infracciones muy graves se sancionaban con multa de mil pesos a cinco mil pesos por cada trabajador afectado por la infracción. También aparecen citadas la Ley 27.430 (su Título IX es el Régimen Penal Tributario, cuyo artículo 1° fija el monto a partir del cual la evasión es delito), la Ley 24.467 (define qué es micro, pequeña y mediana empresa), la Ley 23.966 (Impuesto sobre los Bienes Personales), la Ley 25.246 (lavado de activos, que enumera a los "Sujetos Obligados" a reportar), y la Ley 23.928 (de convertibilidad, cuyos artículos 7° y 10 prohíben la indexación). Lo que este dictamen DEJA IGUAL respecto del texto base La mayor parte del Título I del proyecto del Ejecutivo pasa al dictamen de mayoría sin cambios de fondo. En criollo: casi todo el corazón del proyecto —la redefinición de "discrepancia significativa", la ampliación del universo de contribuyentes, el tratamiento del IVA, la carga de la prueba, los medios de pago bancarizados, el reintegro en 45 días, la exclusión de presunciones del artículo 18— se mantiene. Lo agrupo porque son disposiciones que atraviesan la frontera texto base → dictamen prácticamente palabra por palabra: El nuevo artículo sin número a continuación del 56 de la Ley 11.683 (discrepancia significativa a efectos de prescripción), que en el texto base es el art. 1 y en el dictamen también es el art. 1. El nuevo artículo 38 de la Ley 27.799 (ampliación del universo a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes), que pasa del art. 2 base al art. 3 del dictamen. La sustitución de los incisos i), ii) y iii) del artículo 40 (umbral del 15 %, piso del 5 %, facturas apócrifas), del art. 3 base al art. 5. Los párrafos nuevos del artículo 40 (alcance del IVA no prescripto, carga de la prueba sobre ARCA, plazo de 15 días hábiles para rectificar), del art. 4 base al art. 6. El nuevo artículo 40 bis (bancarización, pagos en efectivo en escrituras, Bienes Personales, rol de la UIF), del art. 5 base al art. 7. El nuevo artículo 41 (exclusión de los incisos f) y g) del art. 18), del art. 6 base al art. 8. El nuevo artículo 42 bis (reintegro en 45 días hábiles si se revoca la impugnación), del art. 7 base al art. 9. El nuevo artículo 42 ter (procedimientos en curso y eximición de multas de los arts. 45 y 46 de la Ley 11.683), del art. 8 base al art. 10. Y todo el Título II sobre RENATRE (sustitución del art. 15 con las escalas de multas y el nuevo art. 15 bis de actualización por UVA), que pasa de los arts. 12 y 13 base a los arts. 14 y 15 del dictamen. En todos estos casos el texto es sustancialmente idéntico; las diferencias se reducen a normalización de citas ("ley 11.683" en minúscula, "Ley de Impuesto a las Ganancias" acentuada distinto) y renumeración por el corrimiento de artículos. Siguiendo el criterio conservador, la renumeración interna que aquí se produce no altera remisiones sustantivas —el dictamen ajusta las referencias cruzadas en consecuencia—, por lo que se trata como movimiento cosmético agrupado. Los cambios de FONDO que el dictamen de mayoría introduce sobre el texto base Aquí está lo verdaderamente nuevo. El dictamen de mayoría agrega tres bloques que no estaban en el proyecto del Ejecutivo. Son incorporaciones propias de las comisiones, atribuibles al conjunto de los cuarenta firmantes del dictamen de mayoría. Primer cambio de fondo: descuento del 25 % en multas formales para MiPyMEs y personas humanas (nuevo artículo 49 bis de la Ley 11.683). Qué hace en criollo: crea un beneficio permanente por el cual las empresas chicas y medianas, las personas físicas, las sucesiones y las entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes pagan un cuarto menos en ciertas multas formales (las de los artículos 38 y 39 de la Ley 11.683, vinculadas a la falta de presentación de declaraciones juradas y a infracciones formales). La letra, incorporada como art. 2 del dictamen: «Artículo 49 bis: Régimen Reducción para MiPyMEs y personas humanas. Cuando el infractor califique como micro, pequeña o mediana empresa en los términos del artículo 2º de la ley 24.467 y sus modificatorias, o se trate de una persona humana, sucesión indivisa o entidad sin fines de lucro que no califiquen como Grandes Contribuyentes Nacionales de conformidad con la normativa dictada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %).» En el texto base no existe ningún artículo equivalente. Lo introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes del dictamen). Segundo cambio de fondo: inclusión de funcionarios públicos entre los sujetos con acceso restringido (reforma del cuarto párrafo del artículo 38 y nuevo artículo 38 bis de la Ley 27.799). Qué hace en criollo: en el texto base, los únicos que podían entrar al régimen "solo para presentar y pagar" pero sin gozar de las presunciones ni beneficios eran los Grandes Contribuyentes Nacionales. El dictamen suma a esa categoría acotada a los funcionarios públicos: podrán usar la modalidad para liquidar y pagar su Ganancias, pero no acceden al "escudo" de la presunción de exactitud ni al efecto liberatorio. Y define con precisión qué funcionarios quedan alcanzados mediante un artículo nuevo. La letra del párrafo modificado del artículo 38 (art. 3 del dictamen), que agrega la frase que no estaba en el texto base: «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la Agencia de Recaudación y Control Aduanero, así como los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley, podrán ejercer la opción de adhesión –o, en su caso, de permanencia– […] al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término […]. En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen.» En el texto base, ese mismo párrafo decía solo: «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales, conforme la categorización realizada por la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA), podrán ejercer la opción de adhesión […]». No mencionaba a los funcionarios. La letra del artículo nuevo que define quiénes son esos funcionarios (art. 4 del dictamen): «Artículo 38 bis: A los fines de lo dispuesto en el cuarto párrafo del artículo 38 de la presente ley, quedan alcanzados los funcionarios públicos que se desempeñen o hayan desempeñado, dentro de los cinco (5) años anteriores a la fecha de ejercicio de la opción de adhesión o de permanencia, el cargo de: a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente […]; b) Legislador nacional, provincial o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; concejal municipal o parlamentario del Mercosur; c) Magistrado del Poder Judicial nacional, provincial, municipal o de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires; d) Magistrado del Ministerio Público […]; e) Defensor del Pueblo o adjunto del Defensor del Pueblo […]; o f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento.» Ni la mención a funcionarios en el artículo 38 ni el artículo 38 bis existen en el texto base. Ambos los introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes). Como consecuencia técnica de esta incorporación, el dictamen también agrega una excepción temporal: su art. 13 inc. b) dispone que lo relativo a los funcionarios públicos regirá recién a partir de la entrada en vigencia de la ley —una regla de vigencia que el texto base no contenía porque no preveía a los funcionarios. Tercer cambio de fondo: Régimen Especial de Reducción de Multas del 50 % (nuevo Título III, artículos 17 y 18 del dictamen). Qué hace en criollo: es un beneficio transitorio, de una sola vez, que perdona la mitad de ciertas multas formales ya aplicadas (por hechos anteriores a la ley) a MiPyMEs, personas físicas, sucesiones y entidades sin fines de lucro que no sean grandes contribuyentes, siempre que la multa no esté firme —o, estándolo, no haya sido pagada— y que el contribuyente regularice su situación. A cambio, el contribuyente se allana por la mitad que sí paga y renuncia a reclamar. La letra (art. 17 del dictamen): «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos de la ley 11.683 […], cometidas con anterioridad a la entrada en vigencia de la presente ley, que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas […] y aplicadas a contribuyentes que califiquen como micro, pequeña o mediana empresa […] o a personas humanas, sucesiones indivisas o entidades sin fines de lucro que no revistan la condición de Grandes Contribuyentes Nacionales […].» El mismo artículo precisa que «el acogimiento a este beneficio implicará el allanamiento incondicional a la pretensión fiscal por la porción no reducida y la renuncia a toda acción y derecho» y que «no dará lugar, en ningún caso, a la repetición de los importes que hubieran sido abonados por el contribuyente con anterioridad a la vigencia de la presente ley». El artículo 18 del dictamen complementa: «La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) dictará, dentro de los treinta (30) días […], las normas complementarias, aclaratorias y operativas necesarias para la efectiva aplicación de lo dispuesto en el artículo precedente, incluyendo la adecuación de los sistemas informáticos correspondientes.» Todo este Título III es nuevo: no figura en el texto base. Lo introduce el dictamen de mayoría (firma: los cuarenta firmantes). Cambios menores de estructura y numeración Por el agregado de esos tres bloques, el dictamen reorganiza el articulado. El texto base tenía 16 artículos en tres Títulos; el dictamen de mayoría tiene 20 artículos en cuatro Títulos (el cuarto es el nuevo "Disposiciones comunes", antes tercero). El Título I pasa a tener un Capítulo I propio (con los dos artículos sobre Ley 11.683) y un Capítulo II (Ley 27.799). El dictamen ajusta las remisiones internas en consecuencia —por ejemplo, el art. 11 del dictamen remite ahora al "artículo 3º de esta ley" donde el texto base remitía al "artículo 2º"—. Estos corrimientos se agrupan como movimiento cosmético derivado de la nueva estructura, sin alteración de contenido sustantivo. Comparación con el otro dictamen de mayoría (Senado, O.D. 372/26) El 17 de septiembre de 2026 el Senado emitió su propio dictamen de mayoría (17 firmas, mayoría de La Libertad Avanza con UCR, Movimiento Por Misiones y Frente PRO; dos disidencias parciales de Eduardo Vischi y Carolina Losada, ambos UCR). Su consejo también es aprobar. En cuanto al contenido, este dictamen del Senado reproduce artículo por artículo el de la mayoría de Diputados: mismos 20 artículos, misma estructura de cuatro Títulos, mismo artículo 49 bis, mismo artículo 38 bis con la lista de funcionarios, mismo Título III de reducción del 50 %. Las únicas diferencias son cosméticas: el Senado escribe los porcentajes pegados al símbolo ("15%" en lugar de "15 %"), agrega la sigla "(BCRA)" al Banco Central en el artículo 40 bis, y usa minúscula en "sujetos obligados". No hay diferencia de contenido entre ambos dictámenes de mayoría. Sí hay una diferencia menor de posición: el de Diputados lleva una disidencia total (Scaglia) y el del Senado dos disidencias parciales (Vischi, Losada); el detalle de qué objetan esas disidencias parciales no consta en la fuente y queda pendiente. Diferencia de posición frente a los dictámenes de rechazo Aquí la divergencia es de veredicto, no de texto, porque ninguno de los tres dictámenes de rechazo propone articulado. Conviene registrar qué objeta cada uno, siempre atribuido a sus firmantes y sin tomarlo como voz propia. El dictamen de minoría de Mariela Coletta (Provincias unidas) aconseja rechazar. Según su informe, la iniciativa plantea «una asimetría en el esfuerzo fiscal, sin prever mecanismos de reconocimiento para el contribuyente cumplidor», y debilita la fiscalización. Enumera, entre otros cuestionamientos: indeterminación del alcance temporal, desnaturalización del régimen, vulneración de los principios de igualdad y capacidad contributiva, "blanqueo de fondos encubierto" y riesgos frente al GAFI, retroactividad de normas de procedimiento, y desmantelamiento del régimen sancionatorio laboral rural. El dictamen de minoría de Carlos Castagneto y el bloque Unión por la Patria (28 firmas) también aconseja rechazar. Su informe sostiene que el proyecto resulta inconveniente desde el punto de vista tributario y recaudatorio, que debilita facultades de fiscalización, que reduce potencialmente el horizonte temporal del control estatal, que afecta principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva, que altera los incentivos al cumplimiento voluntario y que introduce riesgos en el sistema de prevención del lavado de activos. El dictamen de minoría de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda) rechaza integralmente el proyecto, al que califica, según su informe, como "un blindaje total para los grandes evasores", un "blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario", y "un regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados". Cómo leer esas objeciones a la luz de las normas resueltas Dos de los puntos que concentran las críticas de la minoría se entienden mejor con la letra de las normas citadas a la vista, sin que ello implique tomar partido. Sobre la "exclusión de presunciones" que la minoría vincula al debilitamiento de la fiscalización: el artículo 41 (art. 8 del dictamen) desactiva, para quienes estén en el régimen, los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley 11.683 —justamente las presunciones sobre incrementos patrimoniales no justificados y fondos de países de baja tributación descritas más arriba— y degrada el resto de las presunciones del artículo 18 a mero indicio. Cabe notar que la Ley 27.799 original ya contenía una exclusión parcial en esta línea: su texto preveía que a los efectos de evaluar si existe o no la discrepancia significativa, no serán aplicables las disposiciones del inciso f) del artículo 18 de la ley 11.683. El proyecto amplía esa exclusión al inciso g) y acota el valor probatorio de los demás incisos. Sobre el "blanqueo encubierto" y el mercado inmobiliario que mencionan tanto Coletta como Del Caño: la crítica apunta al artículo 40 bis (art. 7 del dictamen), que admite tener por cumplida la exigencia de bancarización «respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles», y que ordena a la UIF considerar la adhesión al régimen como «antecedente favorable». El mismo artículo aclara, en sentido contrario, que «los sujetos obligados continuarán alcanzados por las obligaciones en materia de prevención del lavado de activos». Sobre el "regalo a las patronales agrarias" que señala Del Caño: la objeción recae sobre el Título II (arts. 14 y 15 del dictamen), que reescribe el artículo 15 de la Ley 25.191 y agrega el 15 bis. Para dimensionar el movimiento: la versión vigente de ese artículo 15 ya había elevado fuertemente las multas respecto de las cifras originales de 1999 —de aquellos mil a cinco mil pesos para las muy graves se había pasado, en el texto actualizado, a una escala de pesos un millón quinientos mil hasta pesos siete millones quinientos mil por cada trabajador afectado para las infracciones muy graves. El dictamen mantiene esas escalas y suma la actualización automática por UVA a partir del 1° de enero de 2027. Dónde reside, entonces, el "regalo" según el firmante, no surge de una baja de las escalas en el texto comparado; la fuente solo consigna la calificación política del informante, que se atribuye a él. Síntesis El dictamen de mayoría conserva íntegro el esqueleto del proyecto del Ejecutivo y le agrega tres piezas propias que apuntan al mismo universo —contribuyentes chicos y medianos—: un descuento permanente del 25 % en multas formales (art. 49 bis), un perdón transitorio del 50 % de multas formales ya aplicadas (Título III), y la incorporación de los funcionarios públicos a la categoría de acceso restringido al régimen, sin presunciones ni beneficios (art. 38 y 38 bis). El dictamen del Senado replica ese contenido sin cambios de fondo. Los tres dictámenes de rechazo no discuten redacción: discuten la conveniencia del régimen entero, con eje en la fiscalización, la igualdad entre contribuyentes y los riesgos de lavado. El desenlace legislativo —la sanción de la Ley 27.826— siguió la línea de este dictamen de mayoría.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría 2 (Unión por la Patria) sobre "Inocencia Fiscal II" (Expte. 0006-PE-2026 · O.D. 209/26) QUÉ ES ESTE DICTAMEN Y QUÉ POSICIÓN TOMA Este es uno de los cuatro dictámenes que las Comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación Penal produjeron el 27 de agosto de 2026 sobre el proyecto del Poder Ejecutivo. Es el segundo de los tres dictámenes de rechazo. Lo firma el bloque Unión por la Patria con veintiocho legisladores, encabezados por Carlos Daniel Castagneto como miembro informante. El veredicto es de rechazo total. El bloque aconseja no aprobar la iniciativa y, en coherencia con ello, no propone articulado alternativo: no hay un texto de recambio artículo por artículo, sino un cierre de puertas al proyecto completo. Según el informe, Unión por la Patria sostiene que el proyecto es inconveniente desde el punto de vista tributario y recaudatorio; que debilita facultades esenciales de fiscalización; que reduce potencialmente el horizonte temporal del control estatal; que afecta principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva; que altera los incentivos al cumplimiento voluntario; que introduce riesgos en el sistema de prevención del lavado de activos; y que se aparta de una política estatal coherente de transparencia, trazabilidad y control patrimonial. Todo esto es la posición del bloque, no una descripción del contenido del proyecto; se consigna como lo que la minoría sostiene. CÓMO LEER ESTE DICTAMEN FRENTE A LOS DEMÁS: DOS COSAS DISTINTAS Conviene separar, desde el arranque, dos planos que en este expediente aparecen entrelazados. La DIFERENCIA DE POSICIÓN (el veredicto). Sobre la misma mesa hubo cuatro dictámenes. El de mayoría (O.D. 209/26, cuarenta firmas, encabezado por Bertie Benegas Lynch) aconseja aprobar con modificaciones. Tres dictámenes de minoría aconsejan rechazar: el de Mariela Coletta (Provincias unidas, una firma); este, el de Unión por la Patria (veintiocho firmas, Castagneto); y el de Nicolás Del Caño (Frente de Izquierda, una firma). Más tarde, el 17 de septiembre, un dictamen de mayoría en el Senado (O.D. 372/26) aconseja aprobar. Los tres rechazos coinciden en el veredicto —no aprobar— pero cada uno construye su fundamento con acentos propios: Coletta pone el eje en la técnica legislativa, la igualdad y el lavado; Unión por la Patria arma un listado más amplio de objeciones recaudatorias e institucionales; Del Caño plantea un rechazo integral en clave de "blindaje a grandes evasores" y "regalo a las patronales agrarias". La DIFERENCIA DE CONTENIDO (el texto). Acá hay una asimetría que define todo el análisis. Los dictámenes de rechazo NO proponen texto; se limitan a rechazar el proyecto. Los únicos textos sobre la mesa son el del proyecto original del Ejecutivo y el de los dos dictámenes de mayoría (el de Diputados, O.D. 209/26, y el del Senado, O.D. 372/26), que son prácticamente idénticos entre sí. Por lo tanto, cuando este dictamen de Unión por la Patria "difiere de contenido", lo hace por sustracción: rechaza en bloque tanto lo que ya traía el proyecto original como lo que las mayorías le agregaron. Para que el ciudadano entienda qué es, en concreto, lo que esta minoría está rechazando, el resto del análisis recorre los cambios del proyecto y de los dictámenes de mayoría, señalando en cada punto cuál de las objeciones del bloque recae sobre él. EL MARCO: QUÉ LEYES TOCA EL PROYECTO QUE SE RECHAZA Ley 27.799 ("Inocencia Fiscal"). Es la ley que creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias. El régimen incorpora una presunción de exactitud de las declaraciones juradas presentadas bajo la modalidad simplificada; cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término del Impuesto a las Ganancias correspondiente al período fiscal base, la información declarada se presume correcta. Por efecto liberatorio se considera cancelado el impuesto correspondiente, por lo que ARCA no puede reabrir ni ajustar ese período, salvo que detecte una discrepancia significativa; en la práctica, esto implica una suerte de "tapón fiscal". En su versión reglamentada, para adherir se exigían, entre otros, ingresos totales de hasta mil millones de pesos anuales, patrimonio total de hasta diez mil millones, y no revestir la condición de Gran Contribuyente Nacional. Ley 11.683 (Procedimiento Fiscal, t.o. 1998). Es la ley general de procedimiento tributario. Su artículo 18 regula la determinación de oficio "sobre base presunta": la estimación de oficio se funda en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes prevén como hecho imponible, permitan inducir la existencia y medida del hecho imponible. Dentro de ese artículo, el inciso f) trata los incrementos patrimoniales no justificados —que con más de un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles constituyen ganancias netas del ejercicio— y el inciso g) trata los depósitos bancarios que superan las ventas o ingresos declarados. Son, justamente, las dos presunciones que el proyecto propone desactivar dentro del régimen simplificado. Ley 25.191 (Trabajadores Rurales). Crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE), con carácter de ente autárquico de derecho público no estatal, en el que deben inscribirse obligatoriamente empleadores y trabajadores. Su artículo 15 fija el régimen de sanciones por falta de registración o información del contrato de trabajo rural. En su redacción histórica, las multas eran de otra escala: las infracciones leves, de ochenta a doscientos cincuenta pesos; las graves, de doscientos cincuenta a mil pesos por cada trabajador afectado. Ley 27.430 (Título IX, Régimen Penal Tributario). Fija el monto a partir del cual la evasión pasa a ser delito penal; el proyecto lo usa como referencia para calibrar cuándo una diferencia tributaria es "significativa". Esta referencia no está resuelta en detalle numérico en nuestra base ni en lo traído; queda pendiente el valor exacto del umbral del artículo 1° de ese régimen. LOS CAMBIOS QUE ESTE DICTAMEN RECHAZA, UNO POR UNO A continuación se recorren todas las disposiciones del proyecto. En cada una se indica qué hace en criollo, se transcribe la letra, se precisa qué versión la introduce y a qué firma se atribuye, y se señala sobre qué objeción del bloque recae. Recordatorio permanente: Unión por la Patria no reescribe nada de esto; lo rechaza en conjunto. MATERIA 1 — Definición de "discrepancia significativa" en la Ley 11.683 (artículo sin número a continuación del art. 56) Qué hace en criollo: define cuándo ARCA puede romper el "tapón fiscal" del régimen simplificado. Fija tres condiciones alternativas: que el ajuste supere el 15 % de lo declarado; que supere el monto penal tributario; o que haya facturas apócrifas o cómputo improcedente de ingresos directos. La letra (texto base, art. 1): «se considerará que existe una discrepancia significativa cuando se verifique, al menos, una de las siguientes condiciones: i) … un incremento del impuesto determinado o … una reducción de los quebrantos impositivos, por un porcentaje no inferior al QUINCE POR CIENTO (15 %) respecto de lo que hubiera declarado el contribuyente; ii) … que supere la suma fijada en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario … Ley N° 27.430 …; iii) … con motivo de la utilización de facturas u otros documentos apócrifos, o ingresos directos computados improcedentemente …». Quién lo introduce: ya venía en el proyecto original (art. 1). Los dos dictámenes de mayoría (Diputados, art. 1, firma Benegas Lynch y las cuarenta firmas; Senado, art. 1, firma Guzmán Coraita y las diecisiete firmas) lo mantienen con idéntico contenido, con un retoque cosmético de citas (normalizan "Agencia de Recaudación y Control Aduanero" en minúsculas y "ley 11.683"). Dónde recae la objeción del bloque: sobre este punto apoyan las objeciones de "debilitar facultades esenciales de fiscalización" y de afectar la "razonabilidad y capacidad contributiva" —la minoría sostiene que un umbral del 15 % acota lo que ARCA puede cuestionar. MATERIA 2 — Quién puede entrar al régimen (art. 38 de la Ley 27.799) Qué hace en criollo: amplía el universo de contribuyentes y cambia las reglas de residencia. Todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes pueden optar. Los Grandes Contribuyentes Nacionales pueden adherir pero solo "al efecto de presentar y pagar", sin acceder a los beneficios (presunciones) del régimen. La letra (texto base, art. 2): «Los contribuyentes que revistan el carácter de Grandes Contribuyentes Nacionales … podrán ejercer la opción de adhesión … al solo efecto de presentar la declaración jurada y efectuar su pago en término … En ningún caso dicha adhesión o permanencia importará la aplicación de los restantes efectos, presunciones ni demás beneficios previstos en el presente régimen». DIFERENCIA DE CONTENIDO entre versiones: el texto base (art. 2) no menciona funcionarios públicos. Ambos dictámenes de mayoría agregan a la misma lista a «los funcionarios públicos comprendidos en el artículo 38 bis de la presente ley», que quedan igualados a los Grandes Contribuyentes: pueden presentar y pagar, pero sin beneficios. Esto lo introducen el dictamen de Diputados (art. 3, firma Benegas Lynch y firmantes) y el del Senado (art. 3, firma Guzmán Coraita y firmantes). Dónde recae la objeción del bloque: la ampliación del universo toca de lleno la objeción de "afectar principios de igualdad, razonabilidad y capacidad contributiva". MATERIA 3 — Exclusión de funcionarios públicos de los beneficios (art. 38 bis de la Ley 27.799, nuevo) Qué hace en criollo: define quiénes son esos "funcionarios públicos" que no gozan de los beneficios: ex y actuales altos cargos de los tres poderes, en los últimos cinco años. La letra (dictámenes de mayoría): «quedan alcanzados los funcionarios públicos que se desempeñen o hayan desempeñado, dentro de los cinco (5) años anteriores … el cargo de: a) Funcionario o empleado con jerarquía no inferior a la de secretario de Estado o equivalente …; b) Legislador …; c) Magistrado del Poder Judicial …; d) Magistrado del Ministerio Público …; e) Defensor del Pueblo …; o f) Miembro del Consejo de la Magistratura o del jurado de enjuiciamiento». Quién lo introduce: NO existe en el texto base. Es un agregado de los dictámenes de mayoría: Diputados (art. 4, firma Benegas Lynch y firmantes) y Senado (art. 4, firma Guzmán Coraita y firmantes). Es una incorporación de fondo, no cosmética: crea una categoría de sujetos y la excluye de los beneficios. Dónde recae la objeción del bloque: es un punto donde la mayoría endurece el proyecto. Unión por la Patria rechaza el proyecto completo, de modo que esta salvaguarda incorporada por la mayoría cae junto con el resto. MATERIA 4 — Discrepancia significativa dentro del propio régimen simplificado y umbral mínimo (art. 40, incisos i, ii, iii de la Ley 27.799) Qué hace en criollo: replica los tres supuestos de discrepancia dentro de la 27.799 y agrega un "piso": si la diferencia no supera el 5 % del monto penal tributario, no hay discrepancia significativa aunque se cruce el 15 %. La letra (texto base, art. 3): «no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia determinada … no supere un umbral mínimo equivalente al CINCO POR CIENTO (5 %) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario …». Quién lo introduce: texto base (art. 3). Los dictámenes de mayoría lo mantienen idéntico (Diputados art. 5; Senado art. 5), con retoque cosmético de citas. Dónde recae la objeción del bloque: el "piso" del 5 % es exactamente el tipo de cláusula que la minoría engloba en "debilitar facultades esenciales de fiscalización". MATERIA 5 — Períodos de IVA cubiertos, carga de la prueba y rectificativa (art. 40, párrafos nuevos de la Ley 27.799) Qué hace en criollo: aclara hasta dónde llega la protección en IVA; pone la carga de la prueba íntegramente sobre ARCA; y neutraliza la diferencia si el contribuyente rectifica dentro de 15 días hábiles y paga. La letra (texto base, art. 4): «La carga de la prueba para evaluar si existe o no discrepancia significativa recaerá, exclusivamente, sobre la AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO (ARCA) … Cualquier otra consideración … no tendrá valor probatorio alguno …». Y: «no se considerará la diferencia que se produzca entre la declaración jurada simplificada original y la rectificativa … en un plazo no mayor a los QUINCE (15) días hábiles …». Quién lo introduce: texto base (art. 4). Mayorías idénticas (Diputados art. 6; Senado art. 6). Dónde recae la objeción del bloque: la inversión y limitación de la carga probatoria alimenta la objeción sobre el debilitamiento de la fiscalización; la aclaración sobre períodos de IVA no prescriptos conecta con "reducir potencialmente el horizonte temporal del control estatal". MATERIA 6 — Trazabilidad financiera, Bienes Personales y señal a la UIF (art. 40 bis de la Ley 27.799, nuevo) Qué hace en criollo: obliga a canalizar operaciones por medios formales (BCRA/CNV); da por cumplida la exigencia en pagos en efectivo al escriturar inmuebles; aplica el beneficio del art. 40 a esos fondos hasta el 31/12/2027; fija cuándo se incorporan al patrimonio a efectos de Bienes Personales; e instruye a la UIF a considerar la adhesión como antecedente favorable, sin relajar la debida diligencia. La letra (texto base, art. 5): «Dicha exigencia se considerará cumplida, respecto de los fondos utilizados para pagos en efectivo efectuados en ocasión del otorgamiento de escrituras públicas por la que se constituyan, modifiquen, declaren o extingan derechos reales sobre inmuebles». Y: «La constancia de adhesión … deberá ser considerada por los Sujetos Obligados … como un antecedente favorable …». La Ley 23.966 que se cita es la de Impuesto sobre los Bienes Personales, cuyo Título VI es el que grava el patrimonio de las personas humanas. Quién lo introduce: texto base (art. 5). Mayorías idénticas (Diputados art. 7; Senado art. 7). El dictamen del Senado agrega la sigla «(BCRA)» tras la mención del Banco Central —cambio cosmético. Dónde recae la objeción del bloque: este es el núcleo de la objeción sobre "riesgos innecesarios en el sistema de prevención del lavado de activos" y sobre el apartamiento de "una política estatal coherente de transparencia, trazabilidad y control patrimonial". La regla sobre pagos en efectivo en escrituras inmobiliarias es, en el dictamen de Del Caño, lo que se califica como "blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario"; Unión por la Patria lo encuadra en la misma familia de riesgos sin ese rótulo. MATERIA 7 — Desactivación de presunciones del art. 18 de la Ley 11.683 (art. 41 de la Ley 27.799) Qué hace en criollo: dentro del régimen simplificado, apaga los incisos f) y g) del art. 18 (incrementos patrimoniales no justificados y depósitos bancarios por encima de lo declarado) y degrada el resto de las presunciones a meros indicios que hay que corroborar. La letra (texto base, art. 6): «no serán aplicables los incisos f) y g) del artículo 18 de la Ley N° 11.683 … Respecto de los restantes indicios y presunciones … estos no podrán ser utilizados como fundamento exclusivo … y solo podrán ser considerados como elementos indiciarios que deberán ser corroborados …». Qué son esos incisos: el f) presume que los incrementos patrimoniales no justificados, con más de un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles, constituyen ganancias netas del ejercicio. El g) presume ganancia a partir de depósitos bancarios que superan las ventas o ingresos declarados. Son dos de las herramientas clásicas de la determinación de oficio sobre base presunta. Quién lo introduce: texto base (art. 6). Mayorías idénticas (Diputados art. 8; Senado art. 8). Dónde recae la objeción del bloque: es el corazón de la objeción sobre "debilitar facultades esenciales de fiscalización". La minoría sostiene que inhabilitar estas presunciones desarma el método que permite al fisco detectar renta oculta. MATERIA 8 — Reparación patrimonial si la impugnación se cae (art. 42 bis de la Ley 27.799, nuevo) Qué hace en criollo: si ARCA impugnó, el contribuyente pagó, y luego la impugnación se anula o revoca, el organismo debe devolver lo pagado con intereses en 45 días hábiles y se restablece el "tapón fiscal". La letra (texto base, art. 7): «deberá reintegrar el importe pagado por el contribuyente con más sus respectivos intereses … en un plazo no mayor a los CUARENTA Y CINCO (45) días hábiles …». Quién lo introduce: texto base (art. 7). Mayorías idénticas (Diputados art. 9; Senado art. 9). Dónde recae la objeción del bloque: incide en la objeción recaudatoria general; la minoría ve asimetría en reforzar las garantías de reintegro al contribuyente sin reconocimiento equivalente al que ya cumplía. MATERIA 9 — Procedimientos en curso y eximición de multas (art. 42 ter de la Ley 27.799, nuevo) Qué hace en criollo: los procedimientos ya iniciados siguen; pero quien adhiere y antes había cancelado o regularizado ajustes queda eximido de las multas de los arts. 45 y 46 de la Ley 11.683, salvo que estén firmes, y a condición de renunciar a repetir. La letra (texto base, art. 8): «quedarán eximidos de las multas previstas en los artículos 45 y 46 de la Ley N° 11.683 … excepto que esas multas se encuentren firmes a la fecha en la cual se ejerció la opción de adhesión al régimen». Y: «La eximición … quedará perfeccionada en la medida en que el contribuyente renuncie al derecho de iniciar una acción de repetición …». Quién lo introduce: texto base (art. 8). Mayorías idénticas (Diputados art. 10; Senado art. 10). Dónde recae la objeción del bloque: toca "alterar los incentivos al cumplimiento voluntario" —la minoría sostiene que condonar multas a quien regularizó ajustes premia conductas que no deberían premiarse. MATERIA 10 — Reglas de aplicación temporal del Título I (arts. 9, 10 y 11 del texto base) Qué hace en criollo: fija excepciones y fechas. El requisito de residencia del art. 38 no rige para quienes opten por el período fiscal 2025; se instruye a la UIF a dictar normativa en 15 días hábiles; y el Capítulo surte efectos desde el 1/1/2025. La letra (texto base, art. 11): «Las disposiciones de este Capítulo tendrán efectos para los períodos fiscales iniciados a partir del 1º de enero de 2025, inclusive, excepto por lo dispuesto en el artículo 9º …». DIFERENCIA DE CONTENIDO entre versiones: los dictámenes de mayoría reordenan y amplían estas reglas. En lugar del art. 11 del texto base, su regla de vigencia (Diputados art. 13; Senado art. 13) agrega una excepción extra: «b) lo relativo a los funcionarios públicos comprendidos en el cuarto párrafo del artículo 38 … que resultará aplicable a partir de la entrada en vigencia de esta última». Es consecuencia directa de haber incorporado el art. 38 bis sobre funcionarios (ver Materia 3). Dónde recae la objeción del bloque: es la base del cuestionamiento de "defecto de técnica legislativa por indeterminación del alcance temporal" —compartido con el dictamen de Coletta— y de "reducir potencialmente el horizonte temporal del control estatal". MATERIA 11 — Nueva escala de multas del RENATRE (art. 15 de la Ley 25.191) Qué hace en criollo: reemplaza íntegramente la escala sancionatoria del trabajo rural, con tres categorías monetizadas y un recargo por reincidencia. La letra (texto base, art. 12): «a) INFRACCIONES LEVES … una multa de PESOS CIENTO VEINTE MIL ($120.000) hasta PESOS CIENTO OCHENTA Y SIETE MIL QUINIENTOS ($187.500) … b) INFRACCIONES GRAVES … de PESOS TRESCIENTOS SETENTA Y CINCO MIL ($375.000) hasta PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) … c) INFRACCIONES MUY GRAVES … de PESOS UN MILLÓN QUINIENTOS MIL ($1.500.000) hasta PESOS SIETE MILLONES QUINIENTOS MIL ($7.500.000) … En caso de reincidencia dentro de los últimos CINCO (5) años, los topes máximos … podrán incrementarse hasta en un CINCUENTA POR CIENTO (50 %)». El antes: la escala histórica de la Ley 25.191 era de otro orden de magnitud —infracciones leves de ochenta a doscientos cincuenta pesos y graves de doscientos cincuenta a mil pesos por trabajador afectado. Quién lo introduce: texto base (art. 12). Mayorías idénticas en contenido (Diputados art. 14; Senado art. 14), con ajuste cosmético de redacción en la puntuación de los incisos. Dónde recae la objeción del bloque: esta es la materia detrás de "desmantelamiento del Régimen Sancionatorio laboral rural" en el dictamen de Coletta y del "regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados" en el de Del Caño. Unión por la Patria la rechaza dentro de su objeción sobre la coherencia de la política estatal. MATERIA 12 — Actualización anual por UVA de las multas rurales (art. 15 bis de la Ley 25.191, nuevo) Qué hace en criollo: indexa automáticamente las multas rurales por la variación anual de la UVA desde 2027, dejando de lado la prohibición de indexar de la Ley 23.928. La letra (texto base, art. 13): «Los montos fijos de base … se ajustarán anualmente, a partir del 1º de enero de 2027, considerando la variación anual de la Unidad de Valor Adquisitivo (UVA) … no resultarán aplicables las disposiciones prohibitivas previstas en los artículos 7° y 10 de la Ley N° 23.928 …». Quién lo introduce: texto base (art. 13). Mayorías idénticas (Diputados art. 15; Senado art. 15). Dónde recae la objeción del bloque: forma parte del bloque de sanciones laborales rurales que la minoría rechaza en conjunto. MATERIA 13 — Reglas de vigencia del Título II (art. 14 del texto base) y disposiciones comunes (arts. 15 y 16) Qué hace en criollo: las sanciones rurales nuevas rigen para infracciones constatadas después de la entrada en vigencia; la ley rige desde su publicación con las excepciones indicadas. La letra (texto base, art. 14): «Las disposiciones de este Título surtirán efectos para todas aquellas infracciones cuya constatación material se efectúe de forma posterior a la entrada en vigencia de la presente ley». Mayorías idénticas (Diputados art. 16; Senado art. 16; arts. 19 y 20). LOS AGREGADOS DE LAS MAYORÍAS QUE NO ESTABAN EN EL PROYECTO ORIGINAL (y que esta minoría también rechaza) Además del art. 38 bis sobre funcionarios (Materia 3), los dictámenes de mayoría incorporaron dos bloques que no existen en el texto base. Importa consignarlos porque son parte de lo que Unión por la Patria rechaza al rechazar el proyecto resultante. Reducción del 25 % de multas formales para MiPyMEs y personas humanas (art. 49 bis de la Ley 11.683, nuevo). Qué hace: baja de pleno derecho un cuarto las multas de ciertos artículos para pequeños contribuyentes. La letra: «los importes de las multas previstas en los artículos 38, 39 y en los artículos sin número incorporados a continuación de estos, se reducirán de pleno derecho en un veinticinco por ciento (25 %)». Quién lo introduce: NO está en el texto base; lo agregan Diputados (art. 2, firma Benegas Lynch y firmantes) y Senado (art. 2, firma Guzmán Coraita y firmantes). Es incorporación de fondo. Régimen especial de reducción del 50 % de multas formales ya cometidas (Título III nuevo, arts. 17 y 18). Qué hace: crea un capítulo entero de condonación parcial —mitad de las multas formales de los arts. 38, 39 y siguientes de la Ley 11.683— para pequeños contribuyentes, con allanamiento y renuncia a repetir. La letra: «Redúzcase en un cincuenta por ciento (50 %) el importe de las multas por infracciones formales … que no se encuentren firmes o que, encontrándose firmes, no hayan sido canceladas …». Quién lo introduce: NO está en el texto base; es un Título III completo creado por Diputados (arts. 17 y 18) y mantenido por el Senado (arts. 17 y 18). Es el agregado de fondo más voluminoso de las mayorías. Dónde recaen las objeciones del bloque sobre estos agregados: estos dos bloques, que favorecen a pequeños contribuyentes, son los que la minoría enmarca en "alterar los incentivos al cumplimiento voluntario" y en la asimetría de esfuerzo fiscal. Nótese que, aunque Unión por la Patria reprocha que el proyecto no prevé reconocimiento al contribuyente cumplidor, su respuesta no es proponer ese reconocimiento por vía de articulado alternativo, sino rechazar el conjunto. SÍNTESIS: QUÉ DISTINGUE A ESTE DICTAMEN En el plano del veredicto, este dictamen comparte el rechazo con los otros dos de minoría, pero es el de mayor respaldo numérico entre los rechazos: veintiocho firmas frente a la firma única de Coletta y la única de Del Caño. Es, por volumen, el principal dictamen opositor. En el plano del contenido, su rasgo definitorio es la ausencia de texto: no hay contrapropuesta. Mientras los dos dictámenes de mayoría (Diputados y Senado) comparten entre sí un articulado casi idéntico y agregan al proyecto original la figura de los funcionarios públicos excluidos de beneficios, la reducción del 25 % para MiPyMEs y el régimen especial de reducción del 50 %, este dictamen de Unión por la Patria no acompaña ninguna de esas piezas ni ofrece alternativas: su propuesta es que el proyecto no avance. Respecto de las otras dos minorías, las diferencias son de énfasis y no de veredicto. Con el dictamen de Coletta comparte la objeción de indeterminación temporal, el debilitamiento de la fiscalización, los riesgos de lavado y el cuestionamiento al régimen sancionatorio rural, pero Unión por la Patria amplía el listado a la inconveniencia recaudatoria general y a la coherencia de la política de trazabilidad. Con el dictamen de Del Caño comparte la preocupación por el lavado inmobiliario y por las sanciones rurales, aunque sin el rótulo de "blindaje a grandes evasores" ni la calificación de "regalo a las patronales" que usa el Frente de Izquierda; Unión por la Patria mantiene un registro de objeción técnico-tributaria. Cierre fáctico del expediente: con posterioridad a estos dictámenes, el proyecto se convirtió en ley. La Ley 27.826, publicada el 9 de octubre de 2026, introdujo las modificaciones a las leyes 27.799 y 11.683 y a la ley de trabajadores rurales. Es decir, prevaleció la línea de los dictámenes de mayoría y no la de este rechazo.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría de Mariela Coletta (Provincias unidas) sobre "Inocencia Fiscal II" (Expediente 0006-PE-2026, O.D. 209/26) QUÉ ES ESTE DICTAMEN Y DÓNDE SE UBICA Este es uno de los cuatro dictámenes que se firmaron el 27 de agosto de 2026 en el Orden del Día 209/26 sobre el proyecto que el Poder Ejecutivo llamó "Inocencia Fiscal II". El proyecto base toca tres leyes: la 11.683 (procedimiento tributario), la 27.799 (que creó el régimen original de "Inocencia Fiscal" y la declaración jurada simplificada de Ganancias) y la 25.191 (trabajadores rurales, régimen sancionatorio del RENATRE). El dictamen que se analiza acá es el firmado por una sola diputada, Mariela Coletta (Provincias unidas), como miembro informante. Su consejo es de rechazo y su resultado es rechazar. No propone articulado: es un dictamen puramente argumentativo, sin texto legal alternativo. Esto condiciona todo el análisis. La consigna pide cotejar "todos los cambios" que introduce este dictamen contra el texto base y contra los otros dictámenes. La respuesta directa y central es: este dictamen no introduce ningún cambio de texto legal. No reescribe artículos, no agrega ni deroga nada, no renumera. Lo que aporta es una posición —rechazo total— y un conjunto de fundamentos. Por lo tanto, el cotejo relevante no es de letra contra letra, sino de posición contra posición y de fundamentos contra el contenido que los otros dictámenes sí proponen. PRIMERA DISTINCIÓN: POSICIÓN (VEREDICTO) VS. CONTENIDO (TEXTO) Respecto de este dictamen, las dos capas se separan con nitidez. En cuanto a posición (veredicto): el dictamen aconseja rechazar la iniciativa en su totalidad. La fundamentación central es una asimetría: según la minoría, el proyecto plantea un desbalance en el esfuerzo fiscal sin prever reconocimiento para el contribuyente que ya cumple, y debilita la eficacia de la fiscalización. A eso suma una lista de objeciones técnico-jurídicas que se detallan más abajo. En cuanto a contenido (texto): no hay. El dictamen no presenta articulado. No puede, por tanto, cotejarse su "antes/después" porque no reescribe ninguna norma. La única "letra" atribuible a este dictamen es la de su informe de fundamentos, que es argumentación, no texto normativo. Esta es una diferencia de posición pura frente a la mayoría. Donde la mayoría dice "aprobar con modificaciones" y propone 20 artículos, esta minoría dice "rechazar" y no propone nada. LAS OTRAS TRES POSICIONES EN LA MISMA MESA (COTEJO DE VEREDICTOS) Para entender dónde se para Coletta conviene ubicar los cuatro dictámenes del O.D. 209/26 y el posterior del Senado: Dictamen de mayoría (O.D. 209/26, 40 firmas, mayoría oficialista y aliados): aconseja aprobar con modificaciones y propone un articulado de 20 artículos que reordena y amplía el proyecto del Ejecutivo. Dentro de esa mayoría, Gisela Scaglia (Provincias unidas) firmó en disidencia total, con la leyenda «Firma en disidencia.» —es decir, del mismo bloque que Coletta, pero por la vía de la disidencia dentro de la mayoría, no por dictamen propio. Dictamen de minoría de Coletta (el que se analiza): rechazar, sin articulado. Dictamen de minoría 2 (Carlos Castagneto, Unión por la Patria, 28 firmas): también rechazar, sin articulado. Dictamen de minoría 3 (Nicolás Del Caño, Frente de Izquierda, 1 firma): también rechazar, sin articulado. Hay además un dictamen de mayoría posterior en el Senado (O.D. 372/26, 17 de septiembre de 2026, 17 firmas) que aconseja aprobar y reproduce el mismo articulado de 20 artículos de la mayoría de Diputados. Dos senadoras radicales (Vischi y Losada) firmaron en disidencia parcial. Las cuatro posiciones de rechazo (Coletta, UxP, Del Caño) coinciden en el veredicto pero difieren en el fundamento y en la intensidad, como se ve enseguida. Ninguna de las tres propone texto alternativo. La única que construye un articulado completo es la mayoría. LOS FUNDAMENTOS DEL DICTAMEN DE COLETTA, UNO POR UNO El informe enumera una serie de objeciones. Las recorro traduciéndolas y, en cada una, resuelvo la norma citada para que se entienda contra qué apunta. 1) Asimetría en el esfuerzo fiscal y falta de reconocimiento al cumplidor. La minoría sostiene que el régimen premia a quien regulariza o adhiere, pero no prevé un mecanismo equivalente para quien ya venía cumpliendo. Para dimensionarlo: el régimen de la Ley 27.799 otorga a quien adhiere una presunción de exactitud de sus declaraciones y un efecto liberatorio del pago. La presunción de exactitud implica que ARCA presume que la declaración jurada aceptada es correcta y suficiente, y el efecto liberatorio implica que se considera cancelado el impuesto correspondiente, por lo que ARCA no puede reabrir ni ajustar ese período, salvo que detecte una discrepancia significativa. El planteo de la minoría es que ese beneficio no tiene contrapartida para el contribuyente histórico cumplidor. 2) Defecto de técnica legislativa por indeterminación del alcance temporal. La minoría sostiene que el proyecto no define con claridad hasta cuándo alcanzan sus efectos, lo que genera inseguridad. Esto se vincula con la reducción de plazos de prescripción que introdujo el régimen base: para los ciudadanos cumplidores la prescripción se reduce de 5 a 3 años, siempre que la declaración jurada no sea impugnada por discrepancia significativa. La objeción apunta a que el juego entre esa reducción y los "períodos no prescriptos" puede quedar mal delimitado. 3) Debilitamiento de las facultades de control y fiscalización. La minoría sostiene que el proyecto recorta las herramientas del fisco. El punto más concreto está en la exclusión de presunciones de la Ley 11.683. El artículo 18 de esa ley es el que permite al fisco estimar de oficio la materia imponible sobre base presunta: la estimación de oficio se funda en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes prevén como hecho imponible, permitan inducir en el caso particular la existencia y medida del mismo. El inciso f) de ese artículo trata los incrementos patrimoniales no justificados: los incrementos patrimoniales no justificados representan, en el impuesto a las ganancias, ganancias netas determinadas por un monto equivalente a esos incrementos, más un diez por ciento en concepto de renta dispuesta o consumida en gastos no deducibles. Tanto el proyecto base (en su artículo 6, que sustituye el artículo 41 de la 27.799) como la mayoría (en su artículo 8) desactivan los incisos f) y g) del artículo 18 para evaluar la discrepancia significativa y limitan el resto de las presunciones a meros indicios. La minoría lee eso como un debilitamiento del control. 4) Desnaturalización del régimen. La minoría sostiene que las modificaciones distorsionan la finalidad original de la Ley 27.799. El régimen fue presentado oficialmente como un giro de enfoque: bajo este régimen los controles de ARCA se focalizan en la facturación y los gastos deducibles, excluyendo los consumos personales y la variación patrimonial, y la información declarada solo puede impugnarse si se detecta una discrepancia significativa. La objeción es que las nuevas precisiones sobre la "discrepancia significativa" lo vacían de control efectivo. 5) Vulneración de los principios de igualdad y capacidad contributiva. La minoría sostiene que el régimen trata distinto a contribuyentes en situaciones comparables y no grava según la real capacidad de pago. Este es un argumento constitucional-tributario clásico; no se apoya en una norma puntual sino en principios generales del derecho tributario. 6) Inequidad estructural e impacto en la política criminal tributaria. La minoría vincula el régimen con el umbral penal. El proyecto usa como referencia el artículo 1° del Régimen Penal Tributario del Título IX de la Ley 27.430: uno de los supuestos de "discrepancia significativa" se configura cuando la diferencia supera esa suma, y el umbral mínimo del 5% también se calcula sobre ese monto. La minoría sostiene que ligar la impugnación a ese piso, sumado al umbral del 15% y al colchón del 5%, genera una zona de impunidad que afecta la persecución penal de la evasión. (El monto concreto del artículo 1° del Régimen Penal Tributario no quedó resuelto en el material disponible: dato pendiente de confirmación.) 7) Blanqueo de fondos encubierto y riesgos del control de lavado de activos (GAFI). La minoría sostiene que el mecanismo de canalización de fondos y el tratamiento de la adhesión como antecedente favorable operan como un blanqueo encubierto y debilitan el sistema antilavado. El punto se ancla en el artículo 40 bis que incorpora el proyecto (artículo 5 del base, artículo 7 de la mayoría): la constancia digital de adhesión será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. Los "sujetos obligados" son los del artículo 20 de la Ley 25.246, y la UIF es la encargada de dictar la normativa complementaria. La minoría advierte que "antecedente favorable" puede relajar la debida diligencia, con riesgo frente a los estándares del GAFI. 8) Retroactividad de las normas de procedimiento. La minoría sostiene que el proyecto aplica reglas nuevas a situaciones y períodos anteriores. Esto se relaciona con el artículo que fija los efectos para períodos fiscales iniciados a partir del 1° de enero de 2025 y con la disposición para procedimientos en curso (artículo 42 ter, que es el artículo 8 del base y el artículo 10 de la mayoría). La objeción es que esa retroactividad de reglas procesales afecta la seguridad jurídica y la igualdad entre contribuyentes según el momento de su situación. 9) Desmantelamiento del Régimen Sancionatorio laboral rural. La minoría sostiene que el Título II debilita el castigo a la informalidad rural. Conviene resolver la Ley 25.191: esa ley declaró obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y creó el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Su artículo 15 fija el régimen sancionatorio por incumplimientos del empleador. En su redacción histórica, las multas eran de montos ínfimos: para las infracciones leves, multas de ochenta pesos ($ 80) a doscientos cincuenta pesos ($ 250). El proyecto reemplaza ese esquema por escalas en pesos actualizadas (de $120.000 a $7.500.000 según gravedad) y agrega el artículo 15 bis con ajuste anual por UVA. Que la minoría lea este cambio —que en apariencia sube las multas— como "desmantelamiento" sugiere que su crítica apunta a aspectos como el techo de las escalas, la mecánica de actualización o la aplicación solo a infracciones constatadas después de la vigencia (lo que dejaría afuera las anteriores). El informe no desglosa el punto con más detalle; queda como fundamento general del rechazo. COTEJO DE FUNDAMENTOS CON LAS OTRAS DOS MINORÍAS QUE RECHAZAN Aunque las tres minorías coinciden en el veredicto (rechazar) y en no proponer texto, sus fundamentos difieren en énfasis. El dictamen de Unión por la Patria (Castagneto, 28 firmas) comparte con Coletta varios ejes casi palabra por palabra en el espíritu: inconveniencia tributaria y recaudatoria, debilitamiento de facultades de fiscalización, reducción del horizonte temporal del control, afectación de la igualdad, la razonabilidad y la capacidad contributiva, alteración de los incentivos al cumplimiento voluntario y riesgos en el sistema antilavado. La diferencia de contenido entre ambos es mínima en lo conceptual; la diferencia visible es de respaldo político (28 firmas de un solo bloque frente a la firma individual de Coletta) y de encuadre: UxP habla de "apartarse de una política estatal coherente de transparencia, trazabilidad y control patrimonial", mientras Coletta pone el acento en la "asimetría en el esfuerzo fiscal" y en la falta de reconocimiento al cumplidor, que es su argumento más propio y distintivo. El dictamen del Frente de Izquierda (Del Caño, 1 firma) comparte el veredicto pero con un registro mucho más frontal: lo describe como un blindaje a los grandes evasores, un blanqueo vía mercado inmobiliario y un beneficio a las patronales agrarias con trabajadores no registrados. Coletta coincide en el eje antilavado y en la objeción al tratamiento del trabajo rural, pero su dictamen es de tono técnico-jurídico (técnica legislativa, retroactividad, principios constitucionales) más que de denuncia política. En síntesis de este cotejo: las tres minorías tienen la misma diferencia de posición respecto de la mayoría (rechazo vs. aprobación) y comparten entre sí el veredicto, pero no hay diferencia de contenido textual entre ellas porque ninguna propone articulado. Lo que las separa es el encuadre argumental y el peso de firmas. QUÉ NO HACE ESTE DICTAMEN (Y QUÉ SÍ HACE LA MAYORÍA QUE ÉL RECHAZA) Para que el ciudadano dimensione qué está rechazando Coletta en bloque, conviene listar lo que la mayoría sí agregó sobre el proyecto del Ejecutivo y que este dictamen, al rechazar todo, descarta: La mayoría incorporó un artículo 49 bis a la Ley 11.683 con una reducción automática del 25% de ciertas multas para MiPyMEs y personas humanas que no sean grandes contribuyentes; incorporó un artículo 38 bis a la Ley 27.799 que extiende a los funcionarios públicos (con un listado de cargos) la limitación de beneficios que el proyecto base solo preveía para los grandes contribuyentes; y agregó un Título III con un régimen especial de reducción del 50% de multas formales. Nada de esto existía en el texto base del Ejecutivo. El dictamen de Coletta, al aconsejar el rechazo total y no proponer articulado, no acompaña ni estos agregados ni el núcleo original del proyecto. CIERRE El dictamen de minoría de Mariela Coletta es, en lo formal, el más simple de describir y el más difícil de "comparar por texto": no tiene texto. Su aporte es una posición de rechazo total y un conjunto de nueve líneas argumentales que, resueltas contra las normas que tocan —la presunción de exactitud y el efecto liberatorio de la Ley 27.799, las presunciones del artículo 18 de la Ley 11.683, el umbral penal del Régimen Penal Tributario de la Ley 27.430, el rol de los sujetos obligados y la UIF en materia antilavado, y el régimen sancionatorio del artículo 15 de la Ley 25.191— configuran una crítica integral al proyecto. Frente a la mayoría, la diferencia es de posición pura (rechazar vs. aprobar con modificaciones). Frente a las otras dos minorías, la diferencia es solo de énfasis y de respaldo: comparten el veredicto y la ausencia de articulado.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría 3 (Frente de Izquierda) sobre "Inocencia Fiscal II" (Expediente 0006-PE-2026) Qué es este dictamen y quién lo firma El Dictamen de minoría 3 corresponde al Orden del Día 209/26, fechado el 27 de agosto de 2026. Lo firma una sola persona: Nicolás Del Caño, del bloque PTS - Frente de Izquierda y de Trabajadores - Unidad, que además es su miembro informante. Su consejo es rechazar y su resultado es rechazar. No propone articulado alternativo: es un dictamen de rechazo liso y llano, sin texto normativo propio. Esto marca la primera distinción clave que atraviesa todo el análisis. Hay dos tipos de diferencia entre versiones: Diferencia de posición (el veredicto): qué aconseja cada firma hacer con el proyecto. Acá, este dictamen aconseja rechazar. Diferencia de contenido (el texto): qué articulado propone cada versión. Acá, este dictamen no propone ningún texto. Por eso, respecto del contenido, no introduce ni modifica ninguna disposición: su aporte es exclusivamente un veredicto negativo acompañado de fundamentos, no un articulado para comparar artículo por artículo. En consecuencia, el cotejo "cambio por cambio" que pide la tarea se resuelve así: este dictamen no cambia la letra de nada, porque no escribe letra. Lo que corresponde es (1) exponer qué dice su fundamentación, (2) mostrar contra qué texto base y contra qué otros dictámenes se posiciona, y (3) resolver las normas que están en juego para que un ciudadano entienda sobre qué se está discutiendo. La fundamentación del dictamen, en criollo El informe de este dictamen es breve y frontal. Según su texto, el proyecto implica una nueva modificación tributaria en favor de los grandes evasores y favorece el desarrollo de actividades ilegales como el narcotráfico. El bloque rechaza integralmente la iniciativa y la caracteriza, en su propia enunciación, con tres ideas: que sería un blindaje total para los grandes evasores, un blanqueo y lavado a través del mercado inmobiliario, y un regalo a las patronales agrarias con trabajadores no registrados. Hay que ser preciso con la atribución: todo esto es lo que sostiene el firmante (Del Caño / Frente de Izquierda), no una descripción neutral de lo que el proyecto hace. Son calificaciones del dictaminante. A continuación se traducen esas tres líneas de objeción a los puntos concretos del texto base que las motivan, y se resuelven las normas para que se entienda el fondo. Primera línea de objeción: "blindaje para grandes evasores" Esta objeción apunta al corazón del Título I del proyecto: el régimen de la Ley 27.799, llamada de "Inocencia Fiscal". Qué es la Ley 27.799. Es la norma que creó el Régimen de Declaración Jurada Simplificada del Impuesto a las Ganancias para personas humanas y sucesiones indivisas. ARCA pone a disposición una declaración jurada simplificada precargada, que el contribuyente puede revisar, modificar y presentar; la presentación y el pago en término otorgan efecto liberatorio respecto del Impuesto a las Ganancias del período fiscal base. Sobre esa base, el régimen incorpora una presunción de exactitud: cuando el contribuyente cumple con la presentación y el pago en término, la información declarada se presume correcta, y ARCA solo puede impugnar la declaración en supuestos excepcionales como la existencia de discrepancias significativas debidamente verificadas. Qué hace el texto base acá. El proyecto original amplía quiénes pueden entrar y afina cuándo ARCA puede romper esa presunción. En la versión vigente de la ley, para adherir hacía falta cumplir tres condiciones a la vez. Hoy la ley exige simultáneamente que los ingresos no superen los mil millones de pesos anuales, que el patrimonio total no supere los diez mil millones y que el contribuyente no califique como Gran Contribuyente; el proyecto elimina esas barreras y abre el régimen a todas las personas humanas y sucesiones indivisas residentes, con una salvedad para los Grandes Contribuyentes. Eso es lo que hace el artículo 2 del texto base (sustitución del artículo 38 de la Ley 27.799). Qué es la "discrepancia significativa" y el umbral que se discute. El proyecto define cuándo ARCA puede impugnar. Los artículos 1 y 3 del texto base fijan que hay discrepancia significativa, entre otros supuestos, cuando la impugnación arroja un aumento del impuesto o reducción de quebrantos no inferior al 15 %, o cuando la diferencia supera la suma del artículo 1° del Régimen Penal Tributario. Para resolver esa cita: ese Régimen Penal Tributario es el del Título IX de la Ley 27.430, cuyo artículo 1° (evasión simple) fue actualizado. La Ley 27.799 sustituyó en el primer párrafo del artículo 1° del Régimen Penal Tributario la expresión "un millón quinientos mil pesos" por "pesos cien millones ($100.000.000)". Es decir, el piso penal de referencia es hoy de 100 millones de pesos. El artículo 1° tipifica la evasión simple y reprime con prisión de dos a seis años al obligado que evada el pago de tributos, siempre que el monto evadido exceda la suma de pesos cien millones por cada tributo y por cada ejercicio anual. Sobre esa base, el texto base agrega (artículo 3) un umbral mínimo: no se configurará discrepancia significativa cuando la diferencia no supere un umbral mínimo equivalente al cinco por ciento (5%) del monto previsto en el artículo 1° del Régimen Penal Tributario. Traducido: por debajo de ese piso (5 % de 100 millones), aunque se supere el 15 %, no hay discrepancia que habilite impugnar. Para el firmante de este dictamen, estas definiciones y umbrales son lo que constituye un "blindaje" de los contribuyentes grandes frente al control; para el Poder Ejecutivo, en cambio, son garantías de seguridad jurídica. Nuevamente: el juicio "blindaje" es del dictaminante. Las presunciones que se desactivan. El proyecto también limita herramientas de ARCA. Qué es la Ley 11.683: es la Ley de Procedimiento Fiscal, que regula cómo el fisco determina y reclama los impuestos. Su artículo 18 gobierna la "estimación de oficio" sobre base presunta. La estimación de oficio se funda en los hechos y circunstancias conocidos que, por su vinculación o conexión normal con los que las leyes prevén como hecho imponible, permitan inducir la existencia y medida del mismo. Dentro de ese artículo, el inciso f) se vincula con los incrementos patrimoniales no justificados: el inciso f) establece que los incrementos patrimoniales no justificados representan, en el impuesto a las ganancias, ganancias netas por un monto equivalente a esos incrementos más un 10 % en concepto de renta consumida en gastos no deducibles. El inciso g) se usa habitualmente para imputar ventas omitidas a partir de diferencias de acreditaciones bancarias, como surge de la práctica fiscal. El artículo 6 del texto base (sustitución del artículo 41 de la Ley 27.799) dispone que esos incisos f) y g) no se apliquen para evaluar la discrepancia, y que las demás presunciones del artículo 18 solo sirvan como indicio corroborado. Para este dictamen, apagar esas presunciones es lo que debilita la fiscalización; esa lectura coincide con la de las otras minorías, como se verá. Segunda línea de objeción: "blanqueo y lavado por el mercado inmobiliario" Esta objeción apunta al artículo 5 del texto base, que incorpora el artículo 40 bis a la Ley 27.799. Qué hace esa norma en criollo: obliga a los adherentes a canalizar operaciones por medios formales (bancos, mercado de capitales), pero aclara que la exigencia se tiene por cumplida cuando el dinero formal aparece en el origen o en el destino de la operación, y expresamente la da por cumplida respecto de pagos en efectivo hechos al escriturar inmuebles. Se establece que las operaciones se considerarán correctamente canalizadas cuando los fondos ingresen al sistema financiero en el origen o en el destino, y se ratifica que las compraventas de inmuebles podrán seguir realizándose en efectivo. A esto se suma el tratamiento ante la UIF. Qué es la UIF: la Unidad de Información Financiera, el organismo antilavado. El mismo artículo 40 bis dispone que la adhesión al régimen sea un "antecedente favorable". La constancia digital de adhesión al Régimen Simplificado de Ganancias será considerada un antecedente favorable ante entidades financieras y sujetos obligados en el marco de la normativa de prevención de lavado de activos, sin perjuicio del cumplimiento de los controles correspondientes. El dictaminante lee esa combinación —efectivo admitido para escriturar, más "antecedente favorable" ante los controles antilavado— como un canal de blanqueo y lavado por la vía inmobiliaria. Esa es su interpretación; el texto base, por su parte, mantiene en la letra que los sujetos obligados siguen alcanzados por sus deberes de debida diligencia. La tensión entre ambas lecturas es, justamente, el punto en disputa. Tercera línea de objeción: "regalo a las patronales agrarias" Esta objeción apunta al Título II del proyecto, que toca la Ley 25.191. Qué es la Ley 25.191: es la ley de trabajadores rurales que declara obligatorio el uso de la Libreta del Trabajador Rural y crea el Registro Nacional de Trabajadores Rurales y Empleadores (RENATRE). Su artículo 15 es el régimen sancionatorio por no inscribirse o no registrar correctamente el contrato de trabajo rural. Qué hace el texto base. Los artículos 12 y 13 reescriben ese régimen: reemplazan el viejo esquema por escalas en pesos (leves de $120.000 a $187.500; graves de $375.000 a $1.500.000; muy graves de $1.500.000 a $7.500.000, con posibilidad de subir hasta 50 % el tope por reincidencia), e incorporan un artículo 15 bis que actualiza esos montos cada año por la variación de la UVA a partir del 1° de enero de 2027. Para operar esa indexación, el artículo 15 bis declara inaplicables ciertas prohibiciones. Qué es la Ley 23.928: es la ley de convertibilidad, cuyos artículos 7° y 10 contienen la prohibición general de indexar o actualizar deudas por índices; el proyecto los deja de lado para estas multas puntuales. Para el firmante, el modo en que quedan calibradas esas multas constituye un beneficio para los empleadores rurales con trabajadores no registrados ("regalo a las patronales agrarias"). Es, otra vez, una valoración del dictaminante sobre una reescritura que, en su letra, eleva nominalmente los topes y agrega una actualización automática. Cómo se posiciona este dictamen frente al texto base Resumen de la diferencia de contenido: ninguna. Este dictamen no reescribe, no incorpora ni deroga artículos. No propone articulado. Por eso no hay un "antes/después" literal que atribuirle: su relación con el texto base es de rechazo total, no de enmienda. Diferencia de posición frente al texto base: máxima. El texto base (mensaje del Poder Ejecutivo) pide su pronta sanción; este dictamen pide su rechazo íntegro. Cómo se posiciona frente a los otros dictámenes del mismo Orden del Día 209/26 En el O.D. 209/26 conviven cuatro dictámenes, y conviene separar posición de contenido en cada cotejo. Frente al Dictamen de mayoría (O.D. 209/26, 40 firmantes, encabezado por Bertie Benegas Lynch). Diferencia de posición: opuesta. La mayoría aconseja aprobar con modificaciones; este dictamen, rechazar. Diferencia de contenido: total, pero asimétrica. La mayoría sí propone articulado y le introduce cambios al texto base del Ejecutivo —entre ellos, un artículo 49 bis en la Ley 11.683 que reduce 25 % las multas formales para MiPyMEs y personas humanas; un artículo 38 bis en la Ley 27.799 que excluye a funcionarios públicos de los beneficios plenos; y un Título III con reducción del 50 % de multas formales pasadas—. Este dictamen de minoría 3, al no proponer texto, no coteja artículo por artículo: se opone al conjunto. Donde la mayoría afina y agrega salvaguardas, el Frente de Izquierda rechaza la totalidad. Frente al Dictamen de minoría de Mariela Coletta (Provincias unidas, 1 firma). Diferencia de posición: coincidente en el veredicto. Ambos aconsejan rechazar. Diferencia de contenido: ambos sin articulado. La diferencia está en los fundamentos. El dictamen de Coletta despliega un andamiaje técnico-jurídico —según su informe, plantea defecto de técnica legislativa, debilitamiento de las facultades de control, vulneración de la igualdad y la capacidad contributiva, riesgos de lavado (GAFI) y retroactividad de normas de procedimiento (enunciado de su propio informe)—, mientras que el del Frente de Izquierda es más político y sintético, centrado en "grandes evasores", "narcotráfico", "mercado inmobiliario" y "patronales agrarias". Coinciden en el qué (rechazar) y en varios ejes (debilitamiento del control, riesgo de lavado), pero difieren en el tono y en el encuadre. Frente al Dictamen de minoría 2 de Carlos Castagneto (Unión por la Patria, 28 firmas). Diferencia de posición: coincidente. También aconseja rechazar. Diferencia de contenido: ambos sin articulado. En los fundamentos, Unión por la Patria enumera objeciones de orden recaudatorio y de diseño: según su informe, rechaza por considerarlo inconveniente desde lo tributario y recaudatorio, por debilitar facultades de fiscalización, por reducir el horizonte temporal del control, por afectar la igualdad y la capacidad contributiva, por alterar los incentivos al cumplimiento y por introducir riesgos de lavado (enunciado de su propio informe). El Frente de Izquierda comparte el rechazo pero lo formula con un vocabulario distinto y pone el acento en el beneficio a grandes evasores y en el componente penal/narcotráfico e inmobiliario, además del eje laboral rural que los otros dos no destacan con la misma centralidad. Síntesis de los cuatro: tres de los cuatro dictámenes (los tres de minoría) coinciden en la posición de rechazo; se diferencian entre sí solo en los fundamentos, no en el texto, porque ninguno propone articulado. El único que propone texto —y por eso el único con el que cabría un cotejo artículo por artículo— es el de mayoría, que aprueba con modificaciones. El dictamen de minoría 3 se distingue dentro del grupo de rechazos por su brevedad y por su encuadre político explícito. Nota sobre el trayecto posterior del proyecto Existe un segundo Orden del Día en el expediente, el O.D. 372/26 del 17 de septiembre de 2026, con un dictamen de mayoría (17 firmas, encabezado por Gonzalo Guzmán Coraita) que aconseja aprobar y cuyo articulado reproduce, en lo sustancial, el de la mayoría del O.D. 209/26 (incluye el mismo artículo 49 bis, el artículo 38 bis sobre funcionarios y el Título III de reducción de multas). Ese tramo pertenece a la instancia del Senado y es posterior y ajeno al dictamen de minoría 3 que acá se analiza, que quedó circunscripto al O.D. 209/26. Como dato de contexto para el ciudadano: el régimen efectivamente avanzó. Con fecha de Boletín Oficial del 9 de octubre de 2026 se publicó la Ley 27.826, que modifica el Régimen Penal Tributario y la Ley de Procedimiento Tributario e incorpora a la Ley 27.799 varios de los artículos debatidos (40 bis, 41, 42 bis, entre otros). Es decir, la posición de rechazo de este dictamen no prosperó. Un punto que queda pendiente de confirmación El informe de este dictamen menciona el "narcotráfico" como actividad que, según el firmante, el proyecto favorecería. Esa es una calificación del dictaminante y no remite a un artículo puntual del texto base: la conexión que el firmante traza es con el régimen de canalización de fondos y el tratamiento ante la UIF (artículo 40 bis). El texto base no contiene ninguna disposición que nombre el narcotráfico; la imputación es interpretativa y, como tal, queda atribuida exclusivamente a quien la formula. No hay en la fuente un desarrollo argumental extenso de este dictamen que permita precisar más su razonamiento: el informe es escueto y no viene acompañado de articulado ni de un anexo de fundamentos ampliados.