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ANÁLISIS PROFUNDO DEL DICTAMEN DE MAYORÍA DE DIPUTADOS (O.D. 448/26, 16 DE OCTUBRE DE 2026) Qué es este dictamen y dónde está parado en el recorrido Este es el dictamen de mayoría firmado por 28 diputados y diputadas, encabezados por Nicolás Mayoraz (La Libertad Avanza) como miembro informante, el 16 de octubre de 2026. Es la versión de la Cámara de Diputados sobre un proyecto que ya tiene media sanción del Senado. En su propio informe lo dice: las comisiones consideraron el proyecto de ley venido en revisión del Honorable Senado, de Inviolabilidad de la Propiedad Privada, modificación de las leyes 21.499, de Expropiaciones, y 24.374, de Regularización Dominial, y resolvieron aprobarlo con modificaciones. Para leer este dictamen hay que entender que existen tres textos distintos que se van encadenando. Primero, el proyecto base (el que mandó el Poder Ejecutivo con el Mensaje 22/26). Segundo, lo que salió del Senado, que es el dictamen de mayoría anterior (O.D. 104/26, firmado por senadores en agosto de 2026). Tercero, este dictamen de Diputados. Como este texto arranca de lo que sancionó el Senado y no del proyecto original, la comparación más honesta es doble: contra el proyecto base para ver el recorrido completo, y contra la versión del Senado para ver qué toca Diputados ahora. El cambio estructural más grande, de un vistazo El proyecto original del Ejecutivo tenía seis ejes temáticos. El Senado ya rediseñó ese mapa, y Diputados lo consolida. El resultado: desaparecen por completo del texto tres capítulos enteros que el Ejecutivo había propuesto, y aparece un eje nuevo. Lo que se cae respecto del proyecto base: El Capítulo III del proyecto original —toda la reforma a la Ley 27.453 de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, los barrios populares del RENABAP— no está en este dictamen. El proyecto base quería reescribir los artículos 1, 2 y 12 de esa ley, derogar un paquete de artículos y cambiar el esquema de intervención estatal. Nada de eso sobrevive. En su lugar, tanto el Senado como Diputados reemplazan el tema por una reforma a otra ley de regularización, la 24.374 (ley Pierri). Esto ya lo había hecho el Senado; Diputados lo mantiene. El Capítulo V del proyecto original sobre Manejo del Fuego (Ley 26.815) sobrevivía en la versión del Senado pero desaparece de este dictamen de Diputados. El Senado conservaba la reforma al artículo 22 bis de la ley de fuego y la derogación del 22 quater. Diputados no incluye ningún artículo sobre manejo del fuego. Es una supresión completa respecto de la versión del Senado. Y el tratamiento de las tierras rurales (Ley 26.737) cambia de método radicalmente, como se explica más abajo. Capítulo I — Expropiaciones (Ley 21.499) y Regularización Dominial (Ley 24.374) Conviene primero resolver qué es la Ley 21.499. Es el régimen nacional de expropiaciones, de 1977, que reglamenta el artículo 17 de la Constitución. Pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', y establece cómo se calcula la indemnización, cómo tramita el juicio, qué es la expropiación irregular y cómo funciona la ocupación temporánea. Artículo 4 (objeto expropiable y utilidad pública). El texto original de la ley vigente dice que pueden ser objeto de expropiación todos los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', cualquiera sea su naturaleza jurídica, pertenezcan al dominio público o al dominio privado, sean cosas o no. El proyecto base del Ejecutivo agregaba la frase «de manera no discriminatoria» y exigía que la expropiación fuera idónea, necesaria y proporcional «cuando no existan medios menos lesivos para ello». El Senado quitó tanto «de manera no discriminatoria» como la coletilla final sobre medios menos lesivos. Este dictamen de Diputados queda idéntico al del Senado: «Pueden ser objeto de expropiación los bienes convenientes o necesarios para la satisfacción de la 'utilidad pública', cualquiera sea su naturaleza jurídica... La declaración de utilidad pública será de interpretación restrictiva y deberá identificar en forma específica y concreta el fin perseguido, y la expropiación del bien deberá ser idónea, necesaria y proporcional para alcanzarlo.» En criollo: se mantiene la exigencia de que expropiar sea el medio proporcional, pero sin la frase explícita sobre "medios menos lesivos" que traía el Ejecutivo. (Firma: miembro informante Mayoraz y los 28 firmantes del dictamen de mayoría de Diputados; el recorte respecto del original ya venía del Senado.) Artículo 10 (indemnización y tope al lucro cesante). Acá hay un cambio de fondo importante que no estaba en el proyecto del Ejecutivo. La ley vigente, en su texto histórico, era tajante: la indemnización comprende el valor objetivo del bien y los daños directos, y No se pagará lucro cesante. El proyecto base del Ejecutivo daba un giro de 180 grados: admitía el lucro cesante «cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación» y debidamente acreditado, sin ponerle techo. El Senado le puso un techo nuevo que el Ejecutivo no había pedido: «En ningún caso, la indemnización por lucro cesante podrá exceder al equivalente del 30% (TREINTA POR CIENTO) del valor del daño emergente, salvo que el expropiado demuestre fehacientemente una afectación superior.» Diputados conserva ese tope del 30 %, con redacción casi igual. La diferencia de contenido entre el Senado y Diputados está en la fórmula de actualización del monto. El proyecto base del Ejecutivo decía: IPC del INDEC «con más una tasa de interés razonable comercialmente que fije la sentencia». El Senado lo cambió por IPC «con más una tasa de interés activa del Banco de la Nación Argentina para operaciones de descuento a 30 días». Y Diputados vuelve a cambiar la tasa: ahora es IPC «con más una tasa de interés nominal anual para plazo fijo tradicional del Banco de la Nación Argentina, devengada desde la mora hasta el momento del efectivo pago». O sea: las tres versiones actualizan por inflación (IPC) más interés, pero cada una elige un interés distinto. El Ejecutivo dejaba la tasa librada al juez; el Senado puso la tasa activa de descuento (más alta, la que cobra el banco); Diputados puso la tasa de plazo fijo (más baja, la que paga el banco al ahorrista). Para el expropiado, la tasa que elige Diputados tiende a ser menos favorable que la del Senado. (Firma: dictamen de mayoría de Diputados.) Artículo 12 (pago en moneda de curso legal). Las tres versiones coinciden. El texto: «La indemnización se pagará en moneda de curso legal, excepto conformidad del expropiado... no habrá transferencia de dominio sin previo pago íntegro de la indemnización correspondiente.» Esto refuerza la regla de la ley vigente, que ya mandaba pagar en efectivo salvo acuerdo en otra especie. Sin cambios de Diputados respecto del Senado. Artículo 15 (Tribunal de Tasaciones y prueba). El proyecto base del Ejecutivo traía un párrafo que permitía a las partes pedir medidas probatorias adicionales cuando hubiera discrepancia entre el dictamen del Tribunal de Tasaciones y las demás pruebas. El Senado eliminó ese paso intermedio y dejó directamente que el juez valore todo bajo la sana crítica. Diputados queda igual que el Senado. La columna vertebral se conserva en las tres: el dictamen del Tribunal de Tasaciones tiene carácter de «pericia técnica calificada», no es vinculante pero el juez no puede descartarlo sin fundamentarlo, y el Tribunal tiene 90 días para expedirse. (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 20 (sentencia y momento de valuación). Acá hay un cambio de fondo respecto del proyecto base que conviene marcar. La ley vigente fijaba la indemnización teniendo en cuenta el valor del bien al tiempo de la desposesión. El proyecto base del Ejecutivo mantenía ese criterio del "tiempo de la desposesión". Pero el Senado lo cambió: ahora la sentencia fija la indemnización «teniendo en cuenta el valor del bien expropiado a la fecha inmediatamente anterior a cualquier acto o hecho administrativo o legislativo, medida o anuncio público fehaciente vinculado con la expropiación». Diputados conserva esta redacción del Senado. En criollo: se congela el valor a antes de que el Estado haya anunciado algo que pueda mover el precio, en vez de al momento en que efectivamente se tomó el bien. Esto es coherente con lo que el proyecto base buscaba para el artículo 10, pero el Ejecutivo no lo había trasladado al artículo 20; fue el Senado quien lo alineó, y Diputados lo sostiene. Artículo 51 (expropiación irregular). La expropiación irregular es la vía por la que el particular demanda al Estado cuando este, de hecho, lo privó del bien sin hacer el juicio formal. El texto vigente tenía tres supuestos, siendo el tercero Cuando el Estado imponga al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación, que importen una lesión a su derecho de propiedad. El proyecto base del Ejecutivo desdoblaba esto en cuatro incisos, agregando un inciso d) específico sobre medidas estatales que privan del uso, goce o disposición «de modo que resulten equivalentes a una expropiación». El Senado fusionó el tercero y el cuarto en un solo inciso c), agregando las palabras «directa o indirectamente». Diputados queda igual que el Senado: tres incisos, con el c) redactado así: «Cuando el Estado imponga, directa o indirectamente, al derecho del titular de un bien o cosa una indebida restricción o limitación privando al titular del uso, goce o disposición del bien en forma sustancial y no meramente transitoria, de modo que resulten equivalentes a una expropiación.» (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 58 (definición de ocupación temporánea). El proyecto base del Ejecutivo apenas retocaba el texto. El Senado le agregó dos frases nuevas que definen qué es el "estado de necesidad" y exigen acreditar urgencia, proporcionalidad e inexistencia de alternativas. Diputados conserva ese agregado: «Se entenderá por estado de necesidad la situación objetiva y actual en la cual la demora en la toma de posesión del bien sea susceptible de ocasionar un perjuicio grave. No bastará la mera conveniencia administrativa debiendo acreditarse la urgencia, la proporcionalidad de la medida y la inexistencia de alternativas menos lesivas.» (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 59 (quién dispone la ocupación anormal). Las tres versiones coinciden: la ocupación temporánea anormal solo la puede disponer el Poder Ejecutivo Nacional y genera indemnización según el artículo 62. Artículo 60 (duración de la ocupación anormal). Acá hay una diferencia de contenido relevante entre el proyecto base y lo que quedó. El Ejecutivo había propuesto un tope de 60 días, prorrogable por única vez por 30 días más. El Senado subió ambos plazos: 90 días prorrogables por única vez por otros 90. Diputados conserva los 90 + 90 del Senado. Para dimensionar: la ley vigente permitía que la ocupación temporánea normal durara hasta dos años, así que todas estas versiones acortan drásticamente los plazos, pero Diputados queda con el plazo más largo de los propuestos (el del Senado), al doble de lo que había pedido el Ejecutivo. (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 62 (indemnización de la ocupación temporánea). El texto vigente no pagaba lucro cesante en la ocupación. El proyecto base del Ejecutivo lo incorporaba, pero con un error de copiado: decía «lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la expropiación». El Senado corrigió ese desliz cambiando "expropiación" por "ocupación", que es lo que corresponde al instituto que regula el artículo. Diputados conserva la corrección del Senado: «el lucro cesante cuando sea consecuencia directa e inmediata de la ocupación». (Sin cambios de Diputados respecto del Senado; la corrección es del Senado.) Artículo 1 de la Ley 24.374 (ley Pierri — regularización dominial). Este artículo no existía en el proyecto base del Ejecutivo; lo introdujo el Senado y Diputados lo conserva idéntico. Qué es la Ley 24.374: es la llamada "ley Pierri", de 1994, un régimen que establece un régimen de regularización dominial en favor de ocupantes que acrediten la posesión pública, pacífica y continua de inmuebles urbanos destinados a vivienda única y permanente. Permite que una persona se convierta en titular por un trámite administrativo, sin juez ni abogado, demostrando posesión prolongada. El dictamen reforma el artículo 1 así: «Gozarán de los beneficios de esta ley los ocupantes que, con causa lícita, acrediten la posesión pacífica, ostensible y continua durante diez (10) años con anterioridad al momento de la solicitud... respecto de inmuebles edificados urbanos... que tengan como destino principal el de vivienda única y permanente... En las mismas condiciones podrán acceder a estos beneficios los agricultores familiares –definidos según el artículo 5º de la ley 27.118– respecto del inmueble rural donde residan y produzcan.» El cambio de fondo es el plazo de posesión. La ley vigente exige tres años de posesión; aquí se pasa a diez años. También se cambia la fecha de corte: la ley vigente lo anclaba a una fecha fija (posesión anterior a determinada fecha), mientras que esta redacción lo cuenta hacia atrás «con anterioridad al momento de la solicitud». En criollo: endurece el requisito temporal para acceder a la regularización (de 3 a 10 años), pero lo vuelve móvil en vez de atado a una fecha calendario. Nota: la reforma al RENABAP (Ley 27.453) que proponía el Ejecutivo quedó totalmente afuera; esta vía sobre la 24.374 es el reemplazo que eligieron Senado y Diputados. (Firma: viene del Senado; Diputados lo conserva.) Capítulo II — Código Procesal Civil y Comercial y Código Civil y Comercial (desalojos y locaciones) El Código Procesal Civil y Comercial de la Nación es el que fija cómo tramitan los juicios en la Justicia nacional y federal; el Código Civil y Comercial es el cuerpo de fondo que regula, entre mucho más, los contratos de locación. El eje de todo este capítulo es acelerar los desalojos. Artículo 679 (procedimiento sumarísimo). Las tres versiones coinciden: la acción de desalojo pasa a tramitar por juicio sumarísimo, que es el proceso más rápido del Código. Sin cambios de Diputados. Artículo 680 (quiénes pueden ser demandados). El proyecto base del Ejecutivo tenía una redacción simple: la persona con derecho a restitución puede demandar a locatarios, sublocatarios, tenedores precarios, intrusos y otros ocupantes. El Senado reescribió el artículo ampliando la legitimación: «La acción de desalojo procederá por todo sujeto que invoque un derecho o interés legítimo afectado... La acción procederá contra locatarios, sublocatarios o aquel que haya ingresado de forma legítima a la propiedad cuando haya incumplido los términos y condiciones del uso de la misma y/o habiéndose constituido en mora...». Diputados conserva esa redacción del Senado, palabra por palabra. (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 680 bis (entrega inmediata contra intrusos y precarios). El proyecto base del Ejecutivo permitía la entrega inmediata del inmueble "contra intruso" con derecho verosímil y caución juratoria, y agregaba que el juez resuelve en cinco días. El Senado amplió el alcance —"tenedores precarios, intrusos y cualesquiera otros ocupantes cuyo deber de restituir sea exigible"— y, de paso, eliminó el plazo de cinco días para que el juez resuelva. Diputados conserva la versión del Senado, también sin el plazo de cinco días. (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 680 ter (reconocimiento judicial previo). El proyecto base listaba muchas causales (incluidas falta de pago, incumplimiento de contrato y el caso del intruso) y exigía el reconocimiento judicial dentro de las 72 horas con el Defensor Oficial. El Senado acotó las causales a cuatro (cambio de destino, deterioro, obras nocivas, uso abusivo o deshonesto) y sacó de la lista a la falta de pago y al intruso. Diputados conserva la versión acotada del Senado. (Sin cambios de Diputados respecto del Senado.) Artículo 680 quáter (protección de personas vulnerables) — artículo nuevo. Este artículo no existe en el proyecto base del Ejecutivo. Lo creó el Senado y Diputados lo conserva con un retoque de redacción. Qué hace: antes de ejecutar un lanzamiento donde haya menores, personas con discapacidad o adultos mayores en desamparo, el juez debe dar intervención a los organismos de protección y al Ministerio Público Tutelar, con un plazo de hasta diez días para asegurar una alternativa habitacional transitoria, y limita la caución juratoria a los casos de derecho inequívoco. Hay una diferencia de contenido entre el Senado y Diputados en cómo está armado el artículo. La versión del Senado abría con un encabezado que decía que el magistrado debe velar por el cumplimiento de ciertos puntos y luego los enumeraba como incisos a) y b). Diputados reescribe el artículo en prosa corrida, sin los incisos, fundiendo el texto: «Protección de sujetos vulnerables. En los procesos de desalojo donde se acredite la presencia de menores de edad, personas con discapacidad o adultos mayores en situación de desamparo, el juez, previo a ejecutar el lanzamiento, deberá darle intervención obligatoria a los organismos de protección locales y al Ministerio Público Tutelar, disponiendo un plazo prudencial que no excederá de diez (10) días... En este marco, la caución juratoria solo será admisible cuando la similitud del derecho del actor resulte inequívoca y no se comprometan derechos de terceros ocupantes de buena fe. En caso de duda, el magistrado podrá exigir una fianza personal o real suficiente...». El contenido sustantivo es el mismo; cambia la forma de redacción. (Firma: artículo creado por el Senado; reescritura de forma por el dictamen de mayoría de Diputados.) Artículos 682, 683, 684 (notificación e identificación de ocupantes). Estos tres artículos sobre domicilio electrónico, localización del inmueble e identificación de ocupantes en el acto de notificación están prácticamente idénticos entre el proyecto base, el Senado y Diputados, salvo retoques menores de redacción (por ejemplo, "fotos" pasó a "fotografías", "unidad" pasó a "unidad funcional"). Son cambios cosméticos. Diputados no innova respecto del Senado. Artículo 684 bis (desocupación inmediata por falta de pago o vencimiento). El proyecto base del Ejecutivo remitía al procedimiento y plazo del artículo 680 bis y preveía, además de la ejecución de la caución, una multa de hasta diez veces el último canon si el actor ocultó datos. El Senado cambió la remisión: en vez de remitir al 680 bis, dijo «de acuerdo al procedimiento y plazo previsto por las partes», y quitó la frase sobre "inmediata ejecución de la caución". Acá sí hay un cambio de contenido de Diputados respecto del Senado: Diputados agrega una frase que tapa un hueco que había dejado el Senado. Si las partes no pactaron el procedimiento, el Senado no decía qué pasaba; Diputados aclara: «En caso de que las partes no lo hubieran pactado se aplicará el procedimiento del artículo 680 bis.» En criollo: Diputados restablece, como regla supletoria, la remisión al 680 bis que el proyecto base tenía como regla principal. (Firma: dictamen de mayoría de Diputados.) Artículo 685 (prueba limitada). Las tres versiones coinciden: en los juicios por falta de pago o vencimiento del plazo solo se admite prueba documental y pericial. Sin cambios. Artículo 686 bis (mandamiento de lanzamiento) — artículo nuevo. Las tres versiones lo incorporan con el mismo contenido: autoriza al Oficial de Justicia a usar la fuerza pública, allanar, abrir cerraduras aun con la propiedad desocupada, designar depositario de los muebles y habilitar días y horas inhábiles. La única diferencia entre el proyecto base y las versiones del Senado y Diputados es el orden de los tres incisos (la habilitación de días inhábiles y la designación de depositario aparecen intercambiadas), lo cual es cosmético. Diputados queda igual que el Senado. Artículo 1222 del Código Civil y Comercial (intimación y desalojo de viviendas). Acá hay una diferencia de veredicto/método entre el Senado y Diputados que vale la pena marcar. En la versión del Senado, este era un artículo que se incorporaba (el Ejecutivo también lo "incorporaba"). En la versión de Diputados, en cambio, el artículo 1222 se sustituye, no se incorpora. Esto sugiere que a esta altura del trámite el 1222 ya existe en el código y corresponde reemplazarlo en vez de crearlo. El encabezado de Diputados lo dice: «Sustitúyese el artículo 1.222 del Código Civil y Comercial de la Nación por el siguiente». En cuanto al contenido, hay un cambio de fondo respecto del proyecto base. El Ejecutivo fijaba un plazo mínimo de intimación de pago de tres días corridos antes de poder demandar el desalojo. El Senado subió ese plazo a diez días corridos, y Diputados conserva los diez días. El resto del artículo (validez de la notificación al domicilio del contrato aun si el locatario se niega a recibirla, la obligación del locador de recibir las llaves, la consignación judicial de llaves, el cese de la obligación de pagar alquileres desde la notificación fehaciente) coincide entre el Senado y Diputados. En criollo: Diputados mantiene el texto del Senado y solo cambia el verbo de "incorporar" a "sustituir". (Firma de la diferencia de método: dictamen de mayoría de Diputados.) Capítulo III de Diputados — Registro de la Propiedad Inmueble (Ley 17.801) La Ley 17.801, de 1968, es la que organiza los Registros de la Propiedad Inmueble de todas las provincias y de la Capital. Es el sistema que da publicidad a quién es dueño de cada inmueble y qué gravámenes pesan sobre él. Todo este capítulo apunta a digitalizarlo. Conviene aclarar la numeración: lo que el proyecto base llamaba Capítulo VI y el Senado también Capítulo V/VI, en Diputados es el Capítulo III (porque desaparecieron capítulos intermedios). La comparación se hace por materia, artículo por artículo de la 17.801, no por el número de capítulo. Artículos 3, 8, 10, 11, 12, 27, 28, 32, 42 y derogación del 29. En todos estos, la comparación entre el Senado y Diputados muestra coincidencia casi total; son los mismos textos. Resumen de qué hacen, agrupado: El artículo 3 habilita presentar documentos en soporte digital con firma digital (remitiendo al artículo 288 del Código Civil y Comercial y a la Ley 25.506 de firma digital). El artículo 8 pone un tope de 30 días para que el Registro califique un documento. El artículo 10 permite matricular inmuebles del dominio público y deja a cada jurisdicción elegir los medios de registración. El artículo 11 admite medios o sistemas digitales que aseguren inalterabilidad, permanencia, integridad, autenticidad y trazabilidad. El artículo 12 admite la firma digital u ológrafa del registrador en el asiento de matriculación. El artículo 27 habilita copias e informes. El artículo 28 admite que la nota de inscripción sea en soporte electrónico. El artículo 32 fija los datos para registrar inhibiciones. El artículo 42 conserva, curiosamente, la fecha histórica de entrada en vigencia de la ley ("comenzará a regir el 1º de julio de 1968"), que se arrastra sin tocar. Y el artículo 29 se deroga: ese artículo vigente decía que El asiento registral servirá como prueba de la existencia de la documentación que lo originara en los casos a que se refiere el artículo 1011 del Código Civil —una norma que remitía al viejo Código Civil de Vélez, hoy derogado, por lo que su eliminación limpia una referencia muerta. Hay un punto que conviene subrayar entre el proyecto base y las versiones posteriores sobre el artículo 11. El proyecto base del Ejecutivo mencionaba expresamente «tecnologías de registro distribuido o cadenas de bloques» (blockchain). Tanto el Senado como Diputados borraron esa mención específica y la reemplazaron por una fórmula neutra de «medios o sistemas digitales». En criollo: se saca el nombre de la tecnología puntual y se deja una redacción que no se ate a una moda tecnológica. Diputados queda igual que el Senado. Artículos 41 bis, 41 ter, 41 quáter, 41 quinquies (Consejo Federal, Red de Inhibiciones, Ventanilla Única). Acá hay una diferencia de estructura respecto del proyecto base. El Ejecutivo metía todo el Consejo Federal en un solo artículo 41 bis muy cargado, creaba la Red en el 41 ter y la Ventanilla Única en el 41 quater. El Senado y Diputados desdoblan: el 41 bis solo crea el Consejo Federal como «órgano de carácter permanente de coordinación y cooperación interjurisdiccional»; el 41 ter nuevo lista las competencias del Consejo en seis incisos; el 41 quáter crea la Red Federal Digital de Publicidad de Inhibiciones coordinada por el Consejo; y aparece un 41 quinquies para la Ventanilla Única Federal Inmobiliaria (un portal web para pedir y pagar informes de cualquier registro del país). Diputados conserva este desdoblamiento del Senado sin cambios sustantivos. (Firma: reestructuración del Senado, conservada por Diputados.) Capítulo IV de Diputados — Disposiciones finales y el giro sobre tierras rurales Acá está la diferencia más política y de fondo de todo el dictamen, y conviene explicarla con calma porque involucra a los otros dictámenes. Qué es la Ley 26.737. Es el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre las Tierras Rurales, de 2011. La Ley de Tierras Rurales 26737 establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial. Además, no superar el 30 % del porcentaje de extranjerización precedente de una misma nacionalidad y pone un tope personal en hectáreas según la zona. Creó el Registro Nacional de Tierras Rurales y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales como autoridades de control. El dato clave del contexto, que el propio proyecto base reconocía: esta ley si bien el Decreto de Necesidad y Urgencia N° 70/2023 dispuso su derogación, la vigencia de la ley fue restituida mediante una medida cautelar actualmente vigente. Es decir, el DNU 70/23 (artículo 154) la derogó, pero un amparo judicial frenó esa derogación, y hoy la ley sigue operativa. Dos caminos opuestos entre las versiones: El proyecto base del Ejecutivo y el Senado eligieron reformar la 26.737 para suavizarla: concentrar los controles solo en Estados extranjeros o entidades vinculadas a ellos, sacando las restricciones generales a cualquier extranjero. El Senado, en su Capítulo III, reescribía los artículos 2, 3, 4, 6, 13 y 17, derogaba un paquete grande de artículos (4, 5, 8, 9, 10, 12, 16 y 18) e incluso derogaba el artículo 4 del Decreto-Ley 15.385/44 de zonas de seguridad de frontera. Este dictamen de Diputados hace lo contrario. No reforma la 26.737 para aflojarla; la restituye entera, tal como está, y elimina la derogación que había intentado el DNU. En el Capítulo IV: «Déjase sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23» y «Restitúyese la plena vigencia de la ley 26.737, de Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión, o Tenencia de las Tierras Rurales, y sus modificatorias». En criollo: mientras el Senado quería mantener la ley pero vaciarla de las restricciones a extranjeros en general, Diputados decide dejar la ley exactamente como estaba —con el tope del 15 % y todos los controles originales— y simplemente blindarla contra el DNU que la había querido borrar. Es un giro de 180 grados en materia de tierras rurales respecto del proyecto que vino del Senado. (Firma: dictamen de mayoría de Diputados, miembro informante Mayoraz.) Vigencia. El artículo final fija que la ley entra en vigencia al día siguiente de su publicación, salvo el Capítulo III (el registral), que entra a los 180 días. Esto es coherente con el proyecto base y con el Senado, que también daban 180 días al capítulo registral por la complejidad de la digitalización. Solo cambia el número del capítulo demorado (era VI en el original, V en el Senado, III acá). Cómo se para este dictamen frente a los otros tres Acá hay que separar dos cosas que a veces se confunden: la diferencia de posición (qué aconseja cada grupo hacer con el proyecto) y la diferencia de contenido (qué texto propone). Dictamen de mayoría del Senado (O.D. 104/26, agosto 2026). Mismo veredicto que este: aprobar con modificaciones. La diferencia de contenido es la que se detalló a lo largo de todo el análisis: la tasa de interés del artículo 10, el hueco tapado en el artículo 684 bis, la reescritura de forma del 680 quáter, el cambio de "incorpora" a "sustituye" en el 1222, y —sobre todo— el giro completo en tierras rurales (el Senado reformaba la 26.737; Diputados la restituye y deroga el artículo 154 del DNU 70/23). Además, Diputados elimina el capítulo de Manejo del Fuego que el Senado conservaba. Dictamen de minoría de Ferraro (Coalición Cívica y Provincias Unidas, 5 firmas). Diferencia de posición: aconseja aprobar otro proyecto, es decir, un texto propio y mucho más corto, en lugar del grande. Diferencia de contenido: su proyecto tiene solo seis artículos y se concentra exclusivamente en el tema de las tierras rurales, coincidiendo en el punto de fondo con la mayoría de Diputados —deroga el artículo 154 del DNU 70/23 y restablece la 26.737— pero yendo más lejos: restablece el texto «con el texto vigente al día anterior a la entrada en vigencia del decreto 70/23», declara la ley de orden público, fija inoponibilidades para los actos celebrados en contravención, y ordena al Ejecutivo restablecer el funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales y del Consejo Interministerial. En criollo: Ferraro y la mayoría de Diputados llegan al mismo lugar en tierras rurales (volver a la 26.737 y borrar el artículo del DNU), pero Ferraro propone hacer solo eso, sin toda la reforma de expropiaciones, desalojos y registros; la mayoría de Diputados lo mete como un capítulo más dentro del paquete grande. Dictamen de minoría de Unión por la Patria (23 firmas). Diferencia de posición pura: aconseja rechazar el proyecto en general. En su informe sostiene que lo hace en virtud de insalvables observaciones técnicas, constitucionales y convencionales que no admiten su consentimiento. No propone articulado alternativo, por lo que no hay diferencia de contenido para cotejar: es un rechazo liso y llano frente a la aprobación con modificaciones de la mayoría. Síntesis para el lector Este dictamen de mayoría de Diputados es la versión más avanzada en el trámite y recorta considerablemente el proyecto original del Ejecutivo. Mantiene el grueso de la reforma de expropiaciones y de desalojos que ya había pulido el Senado, con ajustes propios en la tasa de actualización de la indemnización (elige la tasa de plazo fijo, más baja) y en un par de reglas procesales. Conserva la modernización registral. Pero toma dos decisiones que lo distinguen netamente: elimina por completo el capítulo de Manejo del Fuego que el Senado había conservado, y da marcha atrás en materia de tierras rurales, donde en vez de flexibilizar la Ley 26.737 (como querían el Ejecutivo y el Senado) la restituye íntegra y deroga el artículo del DNU 70/23 que la había dejado sin efecto. En ese último punto coincide con la minoría de Ferraro en el destino, aunque difiere en el método, y se opone de plano a la minoría de Unión por la Patria, que pide rechazar todo. Una aclaración sobre lo pendiente: el proyecto base citaba al "doctor Badeni" y a indicadores de la Heritage Foundation en sus fundamentos, pero el informe de este dictamen de Diputados es breve y no desarrolla fundamentos propios extensos más allá de describir el origen del proyecto, por lo que no hay en esta versión una argumentación nueva que cotejar sobre esos puntos.

ANÁLISIS DEL DICTAMEN DE MINORÍA 2 (O.D. 448/26) — EL RECHAZO EN GENERAL Qué es este dictamen y qué pide Este es el dictamen de minoría 2 sobre el proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada (expediente PE-13/26), firmado el 16 de octubre de 2026 en el ámbito de las Comisiones de Asuntos Constitucionales y de Legislación General de la Cámara de Diputados. A diferencia de todos los demás dictámenes, este no propone ningún texto alternativo: aconseja rechazar el proyecto en general. Su consejo es «rechazar» y su resultado es «rechazar», sin articulado. En el informe, las comisiones —según este grupo de firmantes— aconsejan el rechazo total porque sostienen que el proyecto adolece de lo que denominan observaciones técnicas, constitucionales y convencionales que, a su juicio, no admiten ser salvadas ni consentidas. No desarrollan en el texto aportado un listado artículo por artículo de esas objeciones: la posición es de rechazo en bloque, sin contrapropuesta. Quiénes lo firman Lo firman 23 diputados. El grueso pertenece al bloque Unión por la Patria: Diego A. Giuliano, Varinia Lis Marín, Lucía Campora, María Graciela Parola, Florencia Carignano, Emir Félix, Sebastián Galmarini, María Teresa García, Juan Grabois, Raúl Hadad, Juan Pablo Luque, Marcelo Mango, Gabriela Pedrali, Agustina Lucrecia Propato, Nancy Sand, Vanesa Siley, Guillermo Snopek, Jorge Taiana, Eduardo Félix Valdés y Natalia Zaracho. A ellos se suman Ernesto "Pipi" Alí (Primero San Luis) y, de Argentina Federal, Alberto Arrua y Yamila Ruíz. Todas las firmas constan como plenas (sin disidencias ni reservas). Cómo se ubica frente a las otras versiones en pugna Para un ciudadano, lo más útil es entender que sobre este expediente hay cuatro posturas distintas conviviendo, y que este dictamen es la más alejada del texto original. Conviene distinguir, como regla, entre la diferencia de posición (qué aconseja hacer cada grupo con el proyecto) y la diferencia de contenido (qué texto concreto propone cada uno). En este dictamen la diferencia de posición es total y la diferencia de contenido es, directamente, su ausencia. Diferencia de posición. El texto base es el proyecto del Poder Ejecutivo (Mensaje 22/26), que propone reformar seis cuerpos normativos. El dictamen de mayoría del Senado (O.D. 104/26, 13 firmas, encabezado por Alvarez Rivero) aconseja aprobar con modificaciones. El dictamen de mayoría de Diputados (O.D. 448/26, 28 firmas, miembro informante Nicolás Mayoraz) también aconseja aprobar con modificaciones, sobre el texto venido en revisión del Senado. El dictamen de minoría de Ferraro (5 firmas) aconseja aprobar otro proyecto, mucho más acotado. Este dictamen de minoría 2, en cambio, es el único que aconseja rechazar: no quiere que el proyecto avance en ninguna de sus versiones. Diferencia de contenido. Aquí la distancia es máxima. Mientras los otros tres dictámenes y el texto base contienen articulado concreto —sustituciones, incorporaciones y derogaciones sobre leyes vigentes—, este dictamen no propone ni una sola norma. Su contenido es el rechazo mismo. Por eso, el cotejo "cambio por cambio" que correspondería a cualquier dictamen con texto, en este caso se resuelve de un modo particular: lo que este dictamen propone, respecto de todos los cambios del texto base y de los demás dictámenes, es que no se produzca ninguno. No reescribe artículos, no deroga normas, no agrega institutos: deja todo el ordenamiento vigente tal como está. Qué quedaría en pie si prosperara este dictamen Como este dictamen no toca ninguna norma, el modo de leer su efecto es por contraste: todo lo que los otros proponen cambiar, acá permanece. A continuación se resumen, agrupados por ley, los bloques de cambios que este dictamen rechaza en su totalidad, con la resolución de cada norma involucrada para que se entienda qué quedaría intacto. Ley 21.499, de Expropiaciones. Es la ley nacional que regula cómo el Estado puede privar a un particular de su propiedad por causa de utilidad pública, pagando una indemnización previa. El texto base y los dos dictámenes de mayoría reescriben numerosos artículos (utilidad pública, indemnización, pago, Tribunal de Tasaciones, ocupación temporánea, expropiación irregular). Este dictamen rechaza todas esas reformas: la ley seguiría vigente en su redacción actual, sin el tope al lucro cesante, sin la nueva fórmula de actualización por índice de precios, sin los nuevos supuestos de expropiación irregular y sin los nuevos plazos de ocupación temporánea. Ley 24.374 (Régimen de regularización dominial, conocido como "ley Pierri"). Aparece en los dictámenes de mayoría del Senado y de Diputados, que reescriben su artículo 1 para fijar en diez años la posesión exigida y extender el beneficio a agricultores familiares. Este dictamen rechaza esa modificación. Ley 27.453 (Régimen de Regularización Dominial para la Integración Socio Urbana, vinculado al RENABAP, el registro de barrios populares). El texto base del Ejecutivo proponía modificarla y derogar varios de sus artículos, descentralizando el régimen hacia provincias y municipios. Los dictámenes de Diputados dejaron caer ese capítulo, pero el texto base lo contenía. Este dictamen, al rechazar en general, se opone a esa reforma: la ley 27.453 quedaría tal como está. Ley 26.737, de Tierras Rurales. Es la ley que regula el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada el 22 de diciembre de 2011 y promulgada el 27 de diciembre de 2011. Su mecanismo central es un límite a la titularidad extranjera: establece un límite del 15% a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales por parte de extranjeros a nivel provincial, con topes adicionales por nacionalidad y por superficie. Aquí aparece el nudo jurídico de todo el expediente: esta ley fue abrogada por el artículo 154 del Decreto N° 70/2023, B.O. del 21 de diciembre de 2023. El propio DNU fundamentó la medida sosteniendo que es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. Sin embargo, la derogación no está operando: las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras establecidas en la Ley 26.737 están vigentes; si bien el DNU N° 70/2023 dispuso su derogación, la vigencia de la ley fue restituida mediante una medida cautelar actualmente vigente. El texto base del Ejecutivo abordaba esto reformando la 26.737 para acotar los controles a los casos en que intervengan Estados extranjeros. El dictamen de mayoría de Diputados fue más lejos: en sus artículos finales derogó el artículo 154 del DNU 70/23 y restituyó la plena vigencia de la ley 26.737, pero con las modificaciones que ese mismo dictamen le introdujo. El dictamen de minoría de Ferraro propuso una tercera vía: derogar el artículo 154 del DNU y restablecer la ley 26.737 con su texto anterior al decreto, declarándola de orden público y reactivando el Registro Nacional de Tierras Rurales y el Consejo Interministerial. Este dictamen de minoría 2, al aconsejar el rechazo total, no acompaña ninguna de esas salidas legislativas: deja la cuestión como está hoy, es decir, con la ley formalmente derogada por el DNU pero aplicándose por efecto de la medida cautelar, a la espera de un pronunciamiento judicial definitivo. Ley 26.815, de Manejo del Fuego. Regula la prevención y combate de incendios. El texto base y los dictámenes de mayoría reescriben el artículo 22 bis (y derogan artículos agregados en 2020) para circunscribir la prohibición de cambiar el uso de tierras incendiadas. Este dictamen rechaza esa reforma; las restricciones posteriores al incendio quedarían vigentes. Ley 17.801, del Registro de la Propiedad Inmueble. Es la ley que organiza los registros inmobiliarios y la publicidad de los derechos reales sobre inmuebles. El texto base y los dictámenes de mayoría proponen su modernización digital (firma digital, soporte electrónico, Consejo Federal de Registros, Red Federal de Inhibiciones, Ventanilla Única). Este dictamen rechaza todo ese capítulo registral. Código Procesal Civil y Comercial de la Nación y Código Civil y Comercial de la Nación. Las reformas en pugna tocan el juicio de desalojo (tramitación sumarísima, restitución anticipada del inmueble bajo caución, notificación electrónica, lanzamiento) y la intimación previa al desalojo por falta de pago de vivienda. Este dictamen rechaza esas modificaciones procesales y de fondo. El punto de cita pendiente El informe de este dictamen invoca objeciones "convencionales", es decir, referidas a tratados internacionales con jerarquía constitucional, pero el texto aportado no especifica cuáles ni desarrolla el argumento. Ese detalle queda pendiente: no figura en la fuente y no corresponde completarlo. Síntesis para el lector En un tablero donde el texto base propone una reforma amplia de seis regímenes, dos dictámenes de mayoría la aprueban con ajustes y un dictamen de minoría (Ferraro) ofrece una versión recortada centrada solo en tierras rurales, este dictamen de minoría 2 representa la posición opuesta: rechazarlo entero. Su "contenido" es, precisamente, que nada cambie. Firmado mayoritariamente por Unión por la Patria y acompañado por legisladores de Primero San Luis y Argentina Federal, sostiene —según su propio informe— que las objeciones técnicas, constitucionales y convencionales del proyecto son insalvables, sin ofrecer un texto sustitutivo.

ANÁLISIS PROFUNDO — Dictamen de minoría de Maximiliano Ferraro (O.D. 448/26, 16-10-2026) Qué es este dictamen, de un vistazo Este dictamen de minoría es, con diferencia, el más corto de los cuatro que están sobre la mesa. Mientras el proyecto base del Poder Ejecutivo tenía 53 artículos y reescribía seis cuerpos normativos distintos, y los dos dictámenes de mayoría conservan esa estructura de decenas de artículos, este texto firmado por Maximiliano Ferraro, Mariela Coletta, Pablo Farías, Pablo Juliano y Juan Fernando Brügge se reduce a seis artículos. No es una versión "recortada" de la ley de propiedad privada: es, en los hechos, otro proyecto. El propio veredicto lo dice así —el resultado es «aprobar_otro_proyecto»—, lo que significa que estos firmantes no proponen corregir el texto en revisión sino reemplazarlo por uno enteramente distinto, concentrado en un solo asunto. Ese asunto es la Ley 26.737, de tierras rurales, y la suerte de su derogación. Todo lo demás que el proyecto original y los dictámenes de mayoría tocan —expropiaciones, desalojos, régimen registral, manejo del fuego, regularización dominial— desaparece de esta versión. En el informe, los firmantes lo plantean como una decisión deliberada: proponen modificaciones «circunscriptas a la derogación del artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23 y al restablecimiento de la plena vigencia de la ley 26.737». Antes de entrar al detalle conviene resolver las normas que están en juego, porque el dictamen entero gira sobre ellas. Las normas que este dictamen toca La Ley 26.737 es el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales, sancionada en diciembre de 2011. Rige en todo el territorio con carácter de orden público, debe ser observada por las autoridades federales, provinciales y municipales, y se aplica a todas las personas físicas y jurídicas que posean tierras rurales; se entiende por tierras rurales a todo predio ubicado fuera del ejido urbano. Su núcleo es poner límites a cuánta tierra rural pueden tener los extranjeros: se establece en el quince por ciento (15%) el límite a toda titularidad de dominio o posesión de tierras rurales en el territorio nacional respecto de las personas y supuestos regulados por el capítulo. A eso se suman topes adicionales —en ningún caso las personas de una misma nacionalidad extranjera pueden superar el treinta por ciento de ese porcentual— y un máximo por titular: las tierras rurales de un mismo titular extranjero no podrán superar las mil hectáreas en la zona núcleo, o superficie equivalente según la ubicación territorial. Para hacer funcionar todo esto, la ley creó dos organismos: el Registro Nacional de Tierras Rurales, en el ámbito del entonces Ministerio de Justicia, y el Consejo Interministerial de Tierras Rurales, que reúne a varios ministerios con representantes de las provincias. El Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 es el llamado "DNU de bases para la reconstrucción de la economía argentina", dictado el 20 de diciembre de 2023. Entre centenares de medidas, en su Título VI (Bioeconomía) incluye el artículo 154, cuyo texto es tan breve como contundente: «Derógase la Ley N° 26.737.» El considerando del propio decreto explica el motivo: es menester derogar la Ley N° 26.737 que limita el derecho de propiedad sobre la tierra rural y las inversiones en el sector. El dato clave para entender por qué este debate existe es que esa derogación nunca llegó a producir efectos plenos. Si bien el DNU 70/2023 dispuso la derogación de la Ley 26.737, la vigencia de la ley fue restituida mediante una medida cautelar actualmente vigente. Es decir: hoy la ley de tierras rurales sigue aplicándose —las restricciones para la compra de tierras rurales por parte de personas humanas o jurídicas extranjeras establecidas en la Ley 26.737 están vigentes— pero sostenida por una decisión judicial provisoria, no por certeza legislativa. Ese es exactamente el escenario de incertidumbre que el propio proyecto del Ejecutivo describía en sus fundamentos. Qué propone este dictamen, artículo por artículo Primer movimiento: deja sin efecto la derogación del DNU. En criollo: el dictamen borra el artículo del DNU 70/23 que había mandado derogar la ley de tierras rurales. Es la pieza que destraba todo lo demás. La letra: se deroga «el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70 del 20 de diciembre de 2023» —que, recordemos, es el que decía «Derógase la Ley N° 26.737». Segundo movimiento: restablece la ley de tierras rurales, con un texto preciso. En criollo: no se limita a decir "vuelve a regir la ley 26.737", sino que fija con exactitud cuál es el texto que vuelve. La letra del dictamen restablece la vigencia de la Ley 26.737 «con el texto vigente al día anterior a la entrada en vigencia del decreto 70/23 y con las adecuaciones del artículo siguiente». Esta precisión no es decorativa: evita discusiones sobre qué versión de la ley revive —la original de 2011 con todas sus modificatorias posteriores (como los decretos 820/2016) tal como estaban justo antes del DNU. Tercer movimiento: declara la ley de orden público y reafirma sus sanciones. En criollo: refuerza que la ley no puede ser dejada de lado por acuerdo entre particulares y que las operaciones hechas en contra del régimen caen bajo las nulidades e inoponibilidades que la propia ley prevé. La letra: «Declárase que la presente ley es de orden público. Los actos jurídicos, transferencias de dominio o constitución de derechos reales celebrados en contravención al Régimen de la ley 26.737 estarán sujetos a las sanciones e inoponibilidades previstas en dicha norma.» Esto conecta con el carácter que la ley 26.737 ya tenía —rige con carácter de orden público— y con su régimen sancionatorio, que castiga con nulidad las operaciones fraudulentas. Cuarto movimiento: manda reactivar los dos organismos de aplicación. En criollo: ordena al Poder Ejecutivo volver a poner en funcionamiento la maquinaria administrativa de la ley. La letra: «El Poder Ejecutivo Nacional restablecerá el funcionamiento del Registro Nacional de Tierras Rurales y del Consejo Interministerial de Tierras Rurales.» Son los dos órganos que la ley 26.737 había creado: el Registro —que certifica todo acto por el cual se transfieren derechos de propiedad o posesión sobre tierras rurales a extranjeros, los inscribe y controla el cumplimiento de las restricciones— y el Consejo Interministerial, que dirige las acciones de aplicación y determina, entre otras cosas, las equivalencias de superficie. Vale notar que, según la propia administración, el Registro de Tierras Rurales está operativo, recibiendo trámites y expidiendo certificados de habilitación; el artículo apunta a dar respaldo legal expreso a esa continuidad. Quinto y sexto movimiento: vigencia y comunicación. La ley entraría en vigencia «el día siguiente al de su publicación en el Boletín Oficial», sin los plazos diferidos que aparecen en las otras versiones. El último artículo es la fórmula de estilo: «Comuníquese al Poder Ejecutivo.» Cotejo contra el texto base (el proyecto del Ejecutivo) Aquí la diferencia es de naturaleza, no de matiz. El proyecto original abordaba la Ley 26.737 desde un ángulo opuesto al de este dictamen. En lugar de restituirla, el Ejecutivo proponía reformarla a fondo para aflojar sus restricciones: cambiaba el objeto de la ley (inciso b del artículo 2), reescribía la definición de titularidad extranjera (artículo 3) para desplazar el foco desde cualquier extranjero hacia los Estados extranjeros y entidades vinculadas a ellos, reemplazaba el límite general por una prohibición acotada a esos sujetos estatales con excepciones (artículo 4), y derogaba buena parte del andamiaje —artículos 5, 8, 9, 10, 11 y 16—, que es justamente donde viven el tope del 15%, el tope del 30% por nacionalidad, el máximo de mil hectáreas y el Consejo Interministerial. En los fundamentos, el Ejecutivo sostenía que la ley de 2011 «implicó una limitación irrazonable» y proponía «concentrar los controles en aquellos supuestos en los que se vean involucrados Estados extranjeros». El dictamen de Ferraro hace lo contrario en cada punto: donde el Ejecutivo recortaba, él restituye; donde el Ejecutivo cambiaba el eje hacia los Estados extranjeros, él devuelve el régimen a su alcance amplio sobre toda titularidad extranjera; donde el Ejecutivo eliminaba el tope del 15% y las mil hectáreas, él los trae de vuelta al mandar restablecer el texto previo al DNU completo. Y además toca algo que el proyecto original ni siquiera mencionaba en su articulado: el artículo 154 del DNU 70/23, cuya derogación es la llave de todo el esquema. Hay que ser claros sobre un punto que el texto base manejaba de otra manera. El Ejecutivo reconocía en sus fundamentos la existencia de la cautelar y decía querer «canalizar el debate en el ámbito propio del Poder Legislativo», pero no proponía en su articulado derogar el artículo 154 del DNU. Este dictamen sí lo hace expresamente. Es la pieza que faltaba para resolver legislativamente la incertidumbre, aunque en sentido inverso al que buscaba el Ejecutivo. Cotejo contra los dos dictámenes de mayoría Con el dictamen de mayoría más reciente (O.D. 448/26, de Nicolás Mayoraz y otros 27 firmantes) coincide en un gesto sorprendente y diverge en todo lo demás. La coincidencia: ese dictamen de mayoría también deroga el artículo 154 del DNU y también restablece la ley 26.737. Su artículo 38 «deja sin efecto el artículo 154 del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/23» y su artículo 39 «restituye la plena vigencia de la ley 26.737». Es decir, mayoría y minoría convergen en devolverle vigencia legislativa a la ley de tierras rurales y en cerrar la vía del DNU. Pero la divergencia es enorme. El dictamen de Mayoraz conserva casi todo el resto del proyecto original: mantiene las reformas a la ley de expropiaciones (artículos 1 a 10), suma reformas a la ley 24.374 de regularización dominial, reescribe el régimen de desalojos en el Código Procesal y en el Código Civil y Comercial (artículos 12 a 23), y moderniza el régimen registral de la ley 17.801 (artículos 24 a 37). El dictamen de Ferraro descarta todo eso. Dicho de otro modo: la mayoría restablece la ley de tierras rurales como un capítulo más dentro de una ley grande; la minoría la convierte en el objeto único y excluyente de su propuesta. Dentro de esa coincidencia aparente hay además matices de contenido que separan a las dos versiones. La mayoría restablece la ley 26.737 "a secas", sin agregar reglas sobre con qué texto exacto revive, sin una declaración de orden público propia, y sin una orden expresa de reactivar el Registro y el Consejo Interministerial. La minoría agrega esas tres piezas: fija el texto de referencia (el vigente al día anterior al DNU), declara el orden público y las sanciones, y manda reactivar los organismos. Son adiciones que buscan que el restablecimiento sea operativo y sin zonas grises, más allá de la mera declaración de vigencia. Frente al otro dictamen de mayoría, más antiguo (O.D. 104/26, firmado en el Senado por Carmen Alvarez Rivero y otros doce), la distancia es todavía mayor. Esa versión, correspondiente a la etapa senatorial, directamente no tocaba el DNU 70/23 ni restablecía la ley 26.737; ni siquiera incluía a las tierras rurales entre los cuerpos que modificaba (su sumario lista las leyes 21.499, 24.374, 26.737, 26.815 y 17.801, pero su articulado no contiene capítulo de tierras rurales con reformas sustantivas al estilo del proyecto base). El dictamen de Ferraro, en cambio, hace de ese tema su única materia. Separando las dos capas: posición y contenido Conviene distinguir dos planos que en este caso se cruzan. Diferencia de posición (el veredicto). Los cuatro dictámenes dan consejos distintos. Las dos mayorías aconsejan «aprobar con modificaciones»: aceptan el proyecto y lo retocan. El dictamen de Ferraro aconseja «aprobar otro proyecto»: rechaza el texto en revisión como vehículo y ofrece uno nuevo y acotado en su reemplazo. Y existe un cuarto dictamen, de minoría, firmado por 23 diputados de Unión por la Patria y aliados, que aconseja lisa y llanamente «rechazar», sin proponer articulado alternativo, por lo que ese bloque considera observaciones técnicas, constitucionales y convencionales insalvables. Diferencia de contenido (el texto). En el único punto donde el dictamen de Ferraro y el dictamen de mayoría de Mayoraz se tocan —tierras rurales— el contenido es casi el mismo en la dirección (ambos restablecen la ley y derogan el artículo 154 del DNU), pero difiere en el detalle y en el entorno. Difiere en el detalle porque Ferraro agrega las reglas de texto de referencia, orden público y reactivación de organismos que Mayoraz no incluye. Y difiere radicalmente en el entorno porque Mayoraz envuelve esa decisión en una ley de seis capítulos mientras Ferraro la deja sola. En síntesis, el dictamen de Ferraro comparte con la mayoría reciente el destino de la ley de tierras rurales —restituirla por vía legislativa y clausurar su derogación por DNU— pero se aparta de todos los demás en el alcance: renuncia a reformar expropiaciones, desalojos, regularización dominial, manejo del fuego y régimen registral, y pide que el Congreso se pronuncie sólo sobre las tierras rurales. Para el ciudadano, la lectura práctica es esta: si prosperara este dictamen, la compra de tierra rural por extranjeros seguiría sujeta a los topes históricos del 15% nacional y provincial, del 30% por nacionalidad y de las mil hectáreas por titular, ahora con respaldo de una ley del Congreso y no de una cautelar, y los organismos de control volverían a tener base legal expresa; todo lo demás que el proyecto original quería cambiar quedaría sin tratar.